Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 86
/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G36 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 rés compensatorio y moratorio prevista por el Banco Central de Reserva”. 32. La Corte homologa el acuerdo en lo que respecta a la reparación pecuniaria convenida, como forma de compen- sación por los daños ocasionados, y considera que la misma representa un paso positivo del Perú en el cumplimiento, de buena fe, de sus obligaciones convencionales internaciona- les. La Corte estima pertinente que el Estado adopte las providencias necesarias para adelantar un pago parcial de la indemnización en el presente año fiscal, o, en su defecto, cubrir la indemnización total durante el segundo trimestre del año fiscal 2002, como fue acordado por las partes. 33. Igualmente, la Corte aprueba los términos pactados respecto a la modalidad de cumplimiento de las repara- ciones pecuniarias que figuran en el acuerdo, los cuales son acordes con la jurisprudencia del Tribunal 5 . 34. La Corte estima oportuno agregar que si no fuese posible que los beneficiarios de las indemnizaciones se presenten a recibirlas, el Estado deberá consignar los montos a favor de aquéllos o de sus herederos en cer- tificado de depósito o cuenta constituidos en una institu- ción bancaria peruana solvente, en dólares de los Esta- dos Unidos de América, dentro de un plazo de seis me- ses, y en las más favorables condiciones financieras que permitan la legislación y la práctica bancarias. VII OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN 35. Además de la reparación pecuniaria, el Estado se comprometió a otorgar reparaciones de otra naturaleza a los familiares de las víctimas. 36. De conformidad con lo establecido en la cláusula oc- tava –titulada “Prestaciones de salud”– el Estado se obli- gó a cubrir, por medio del Ministerio de Salud, los costos relacionados con servicios de salud que brinden a los beneficiarios los centros de atención correspondientes, incluyendo el precio de los medicamentos. Este deber regirá durante la vida de aquéllos y empezará a aplicarse desde el momento de la suscripción del acuerdo. 37. Asimismo, en la cláusula novena –denominada “Prestaciones de apoyo psicológico y desarrollo inter- personal”– se estipula que el Estado, “por medio del Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humanos (PROMUDEH), incorpora- rá en los programas vigentes a los beneficiarios, de acuerdo con sus necesidades.” 38. Además, según lo estipulado en la cláusula décima –llamada “Apoyo en la construcción de inmueble”– el Estado se compromete, por medio del Fondo de Apoyo Social (FONAS) del Banco de Materiales del Ministerio de la Presidencia, conforme a los alcances de la Ley No. 27205 y a las reglas y procedimientos establecidos al efecto, a sufragar el costo de parte de la construcción del inmueble perteneciente a los beneficiarios de las re- paraciones, ubicado en el Jirón Hanancusco No. 942, Urbanización Tahuantinsuyo, Cuarta Zona, Distrito de Independencia, Lima. 39. En las cláusulas segunda, cuarta y quinta del acuer- do se establecen medidas de reparación adicionales, de satisfacción y de no repetición, que el Estado se com- promete a cumplir, a saber: a) publicar la sentencia de la Corte dictada el 16 de agosto de 2000 en el Diario Oficial El Peruano, y difundir su contenido en otros medios de comuni- cación que para tal efecto se estimen apropiados, dentro de los 30 días siguientes a la suscripción del acuerdo; b) incluir en la Resolución Suprema, que disponga la publicación del acuerdo, “una expresión pública de solicitud de perdón a las víctimas por los graves daños causados” y una ratificación de la voluntad de que no volverán a ocurrir hechos de este género;c) investigar y sancionar a los responsables de los hechos, en virtud del punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000, y seguir impulsando la investiga-ción que se tramita ante la 41 Fiscalía Penal de Lima, por el delito de homicidio en perjuicio de 30 personas, entre las cuales se encuentran Nolber-to Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera; y d) realizar las diligencias concretas tendientes a loca- lizar el paradero e identificar los cadáveres de Nol- berto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera para entregarlos a sus familiares, de conformidadcon el punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000. 40. La Corte homologa el acuerdo respecto a estas otras formas de reparación como modalidad de compensación por los daños ocasionados. Estas reparaciones repre-sentan un aporte positivo del Estado para el cumplimiento de la obligación de reparar, conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana. En consecuencia, el Estado de-berá cumplir todas las prestaciones correspondientes a las reparaciones no pecuniarias a las que se comprome- tió, dentro de los plazos estipulados en el acuerdo, enfavor de los beneficiarios de las reparaciones. VIII HOMOLOGACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO 41. De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte aprueba el “Acuerdo de reparación integral a losfamiliares de las víctimas del caso Durand y Ugarte” ce- lebrado entre el Estado y los familiares de las víctimas y sus representantes, y que cuenta con el parecer favora-ble de la Comisión Interamericana, por encontrarse ajus- tado a la Convención Americana y contribuir a la realiza- ción del objeto y fin de ésta en el caso sujeto a examen. 42. Para dar cumplimiento a dicho acuerdo, es pertinen- te que el Estado adopte las medidas de reparación ante-riormente referidas, en los plazos y condiciones acorda- dos en aquél, y de conformidad con lo establecido por el Tribunal en la presente Sentencia. 43. La Corte se reserva la facultad de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El casose dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en ella. 44. En la medida en que el acuerdo ha sido homologado por la presente Sentencia de la Corte, cualquier proble- ma de interpretación, controversia o diferencia que sesuscite serán resueltos por el Tribunal. IX PUNTOS RESOLUTIVOS 45. Por tanto,LA CORTE, DECIDE: por unanimidad,1. Que aprueba el acuerdo, en los términos de la pre- sente Sentencia, sobre reparaciones suscrito el 26 denoviembre de 2001 entre el Estado y los familiares de las víctimas y sus representantes legales. 2. Que el Estado debe pagar la cantidad deUS$125.000,00 (ciento veinticinco mil dólares de los Es- tados Unidos de América) a Virginia Bonifacia Ugarte Rivera de Durand y Nolberto Durand Vargas, padres de 5Cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párrs. 76, 77 y 78; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros vs. Guatemala). Reparaciones,supra nota 2, párrs. 119, 120 y 121; y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros vs. Guatemala). Reparaciones, supra nota 3, párrs. 225, 226 y 227.