Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G31/G38 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 XIV VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25.1 DERECHO A SER OÍDO CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS POR UN JUEZ INDEPENDIENTE E IMPARCIAL Y DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 111. En cuanto a la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, la Comisión alegó que: a) el artículo 8 de la Convención comprende diferen- tes derechos y garantías que tienen como propósitoresguardar el derecho de toda persona a un proceso justo y asegurar que el Estado garantice judicialmen- te los derechos; b) a Gabriel Pablo Ugarte Rivera se le negó el dere- cho de contar con un abogado cuando declaró antela policía; c) los tribunales militares que conocieron el caso ac- tuaron en “franca contradicción con los principios deautonomía e imparcialidad que deben informar [a losmismos] para conformarse con lo establecido en laConvención”. La independencia e imparcialidad del tribunal constituyen aspectos centrales de las ga- rantías mínimas de la administración de justicia y elartículo 8 debe interpretarse siempre en los términosmás amplios, de conformidad con el objeto y fin deltratado; d) los tribunales militares no son órganos competen- tes, independientes e imparciales, porque forman par-te, “de acuerdo con la Ley Orgánica de Justicia Mili-tar peruana [Decreto-Ley No. 23.201] del Ministeriode Defensa; es decir, se trata de un fuero especialsubordinado a un órgano del Poder Ejecutivo.” Los jueces del fuero privativo militar son, asimismo, miem- bros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, locual constituye un requisito para formar parte de aquél(artículos 22 y 31 del Decreto-Ley No. 23.201). Ade-más, no es necesario ser abogado para integrar untribunal de este fuero. Resulta lógico sostener que si el cargo judicial depende del grado militar o de la condición de funcionario activo, las decisiones queadopte el juez o tribunal se verán afectadas por uninterés incompatible con la justicia. Esta posibilidadpuede implicar que el funcionario carezca de la auto-nomía e imparcialidad necesarias para investigar hechos como los sucedidos en El Frontón; e) el trámite ante el fuero privativo militar tampoco constituye un recurso efectivo para proteger los de-rechos de las víctimas y sus familiares y remediarlos daños causados. En el presente caso no se investigaron los hechos ni se sancionó a los culpa- bles. La Sala de Guerra del Consejo Supremo deJusticia Militar concluyó que no había responsabili-dad de quienes intervinieron en la debelación delmotín. Por otra parte, las autoridades no hicieron lonecesario para salvar la mayor cantidad de vidas que fuese posible después de la demolición del pe- nal, ni aplicaron la diligencia adecuada para la identi-ficación de los cadáveres; f) al haber dejado el Estado a las víctimas y sus familiares sólo el procedimiento en el fuero privativo militar a fin de esclarecer los hechos, identificar los cadáveres y hacer justicia, y al no haber investigadolos sucesos de manera diligente, se negó a aquéllas,de hecho, el acceso a un recurso efectivo; y g) el 17 de julio de 1987, el 6o. Tribunal Correccional de Lima decidió que Nolberto Durand Ugarte y Ga- briel Pablo Ugarte Rivera eran “inocentes, resolvien-do el archivo del proceso y la inmediata libertad delos encausados”. Dicha decisión resultó ineficaz,pues aquéllos habían desaparecido. 112. Por su parte, el Estado alegó que: a) carece de sustento probatorio el argumento de que se habría negado a los detenidos el derecho decontar con un abogado defensor y se les habría obli- gado a renunciar expresamente a él. Consta clara-mente, por escrito, que en este caso los interesadosdesecharon esa posibilidad. Corresponde al deman-dante la carga de la prueba para desvirtuar ese he-cho; b) en el presente caso, los inculpados fueron ab- sueltos con base en el principio in dubio pro reo , lo cual no equivale a una declaración de inocencia, y c) la justicia militar se encargó de las investigacio- nes conducentes a determinar responsabilidades en los sucesos examinados. El proceso tuvo publicidady respetó las garantías correspondientes. 113. El artículo 8.1 de la Convención Americana dispo- ne que: [t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las de- bidas garantías y dentro de un plazo razonable, porun juez o tribunal competente, independiente e im-parcial, establecido con anterioridad por la ley, en lasustanciación de cualquier acusación penal formula- da contra ella, o para la determinación de sus dere- chos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o decualquier otro carácter. 114. El artículo 25.1 de la Convención Americana esta- blece que: [t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante losjueces o tribunales competentes, que la ampare con-tra actos que violen sus derechos fundamentales re-conocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funcio-nes oficiales. 115. La Corte examinará, en primer término, el alegato de la Comisión referido al proceso militar para investigar los hechos y determinar a los posibles responsables de las acciones relacionadas con el debelamiento del motínocurrido en El Frontón. Con respecto a este proceso, laComisión señaló que los tribunales militares se encon-traban en franca contradicción con los principios de au-tonomía e imparcialidad. 116. La Corte ha tenido la oportunidad de referirse a la jurisdicción militar y ha señalado que la misma ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcio- nal reserva su aplicación a los militares que hayanincurrido en delito o falta dentro del ejercicio de susfunciones y bajo ciertas circunstancias. En este sen-tido se definía en la propia legislación peruana (artí-culo 282 de la Constitución Política de 1979). 53 117. En un Estado democrático de Derecho la jurisdic-ción penal militar ha de tener un alcance restrictivo yexcepcional y estar encaminada a la protección de inte-reses jurídicos especiales, vinculados con las funcio-nes que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juz- gamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por lacomisión de delitos o faltas que por su propia naturalezaatenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. 118. En el presente caso, los militares encargados de la debelación del motín ocurrido en el penal El Frontón 5 3Caso Castillo Petruzzi y otros , supra nota 8, párr. 128.