Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G31/G32 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 sistente el derecho del demandante de replantear la acción”;31 q. los Decretos Supremos No. 012-86-IN de 2 dejunio de 1986, mediante el cual se “prorrog[ó] el Esta-do de Emergencia… en la Provincia de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao [y decretó que las] Fuerzas Armadas continuarían con el control del or-den interno” en dichas provincias, y No. 006-86 JUS de 19 de junio de 1986, mediante el cual se declar[ó] zona militar restringida bajo la compe- tencia y jurisdicción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas los Establecimientos Peniten-ciarios de “San Juan Bautista” (ex-El Frontón), “San Pedro” (ex-Lurigancho) y “Santa Barbara” del Callao, mientras dure el Estado de Emergen-cia prorrogado mediante el Decreto Supremo No. 012-86-IN de 2 de junio de 1986 no suspendieron de manera expresa el recurso de hábeas corpus, pero éste fue ineficaz, porque se dispuso que los jueces civiles no podían ingresar alos penales por ser zonas militares restringidas, y porque esas disposiciones impedían investigar y de- terminar el paradero de las personas a favor de lascuales se hubiera interpuesto el recurso; y 32 r. Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Riverafueron eximidos de responsabilidad y se ordenó su libertad. Dicha orden resultó ineficaz pues en ese momento dichas personas habían desaparecido, si-tuación que se mantiene hasta el presente. 33 IX CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL FONDO 60.El Estado señaló en sus alegatos finales que la Comi- sión y la Corte incurrieron en “un error evidente” al no haber acumulado el presente procedimiento al caso Neira Alegría y otros (No. 10.078), lo que determina que “elprimero que se califique, prejuzgue sobre el otro por tratarse de los mismos hechos”. En consecuencia, “[e]ste prejuzgamiento determina la imposibilidad [de] queel mismo Colegiado nuevamente vuelva a sentenciar, por haber encasillado su criterio a lo calificado prece- dentemente”. Asimismo, señaló que en el caso NeiraAlegría y otros “No se analizó de manera individual cómo, supuestamente, se violaron los derechos humanos de los causantes que originaron la apertura de dicho caso”.Agregó que “la Comisión Interamericana en el presente caso [ha] dejado de ser una instancia imparcial, objetiva y de deliberación y en consecuencia la Corte Interame-ricana, al avalar esa omisión, también ha dejado de ser una instancia imparcial, objetiva, de controversia y juz- gamiento.” De esta forma la Corte, al pronunciarse sobre el fondo del presente caso, estaría violando el principio non bis in idem. 61.La Corte considera que este punto ha sido resueltoen la sentencia sobre excepciones preliminares dictada el 18 de mayo de 1999 , que es definitiva e inapelable, y por ello desestima el alegato. X VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 4.1 DERECHO A LA VIDA 62.En cuanto a la violación del artículo 4.1 de la Conven- ción, la Comisión alegó que: a) los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pa- blo Ugarte Rivera estaban internados en el penal El Frontón el 18 de junio de 1986 , cuando se debeló el motín, como consta en la nómina presentada por elPresidente del Consejo Nacional Penitenciario al Juez Instructor del 21º Juzgado de Lima. Esto mismo cons- ta en la lista entregada por el Jefe de Identificacióndel Penal al 2o. Juzgado de Instrucción Permanente de Marina y en el testimonio de los familiares y abo- gados;b) luego de debelado el motín, los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera no aparecieron en poder de las autoridades, ni sus nombres figuraron en la lista de sobrevivientes, por lo que podría deducirse que,como resultado del bombardeo del penal y en virtud de lo establecido en las autopsias realizadas a los cadáveres no identificados, dichas personas falle-cieron por aplastamiento; c) “si bien el Estado tenía el derecho y deber de debelar el motín, la sofocación del mismo se realizó haciendo uso desproporcionado de la fuerza[...lo que] hace al Estado responsable de la privación arbitrariade la vida de aquellas personas que fallecieron con motivo de la demolición del penal San Juan Bautista y, en particular, por la violación del derecho a la vidaen perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel [Pa- blo] Ugarte Rivera”; d) existió la decisión de la Marina de Guerra del Perú y de las fuerzas policiales de terminar “a como diera lugar” con el motín y con los prisioneros amotinados.El tipo de ataque militar que se realizó contra el Pabe- llón Azul de El Frontón fue absolutamente despropor- cionado en relación con el peligro que suponía el amo-tinamiento, pues se dispuso la demolición de aquél a sabiendas de que podía haber internos que se hubie- ran rendido, heridos o refugiados en el edificio; y e) las violaciones al derecho a la vida cometidas por los miembros de la Marina de Guerra del Perú encontra de los reclusos que se encontraban en El Fron- tón, se produjeron de tres maneras distintas: como consecuencia de la desproporción de los medios uti-lizados para restablecer el orden en el penal; por ejecuciones sumarias por parte de efectivos de la Marina del Perú, con posterioridad a la rendición, ymediante la demolición del Pabellón Azul del penal. 63.Por su parte, el Estado alegó que: a) la Comisión, en todos los supuestos esgrimidos, sólo ofrece alegaciones insuficientes y pretende tras-ladar al Estado la carga de la prueba para desvirtuar las alegaciones carentes de contenido probatorio; b) el debelamiento a cargo de la Marina de Guerra del Perú se hizo en diversas etapas, tomando en cuenta que agotados los métodos pacíficos de preservación se consideró la necesidad de reducir el espaciode distribución del penal en forma gradual, al pun- to de encasillar a los internos en un espacio ma- nejable y reducido, [...] con la finalidad de disua-dirlos [...] La finalidad era siempre de reprimirlos 3 1cfr. Sentencia del 27 de junio de 1986 emitida por el Primer Juzgado de Instrucción del Callao; Sentencia del 15 de julio de 1986 emitida por el Primer Tribunal Correccional del Callao; Sentencia del 13 de agosto de 1986 emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Suprema; y Pronunciamiento del 28 de octubre de 1986 emitido por el Tribunal de Garantías Constitucionales. 3 2cfr. Decreto Supremo No. 012-86-IN y Decreto Supremo No. 006-86-JUS de 2 y 19 de junio de 1986, respectivamente, testimonio de Ricardo Aurelio Chumbes Paz rendido ante la Corte en el caso Neira Alegría y otros; Dictamen en mayoría de la Comisión Investigadora del Congreso de Perú, sobre los sucesos acaecidos el 18 y 19 de junio de 1986, en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. Lima, diciembre de 1987, págs. 144 a 150; y Dictamen en minoría de la Comisión Investigadora del Congreso de Perú, sobre los sucesos acaecidos el 18 y 19 de junio de 1986, en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. Lima, diciembre de 1987, págs. 165 a 170. 3 3cfr. artículo titulado “Tribunal ordena ‘libertad’ de 3 acusados muertos en El Frontón”, aparecido en el diario “La República” el día viernes 31 de julio de 1987; testimonio de Virginia Ugarte Rivera rendida ante la Corte el 20 de septiembre de 1999; y los oficios No. 544.98.INPE-CR-P del Ministerio de Justicia y No. 635.98.INPE-CR-P del Ministerio de Justicia, de 18 de septiembre de 1998 y 31 de octubre de 1998, respectivamente.