Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 79
/G50/GE1/G67/G2E/G20/G31/G39 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 hicieron un uso desproporcionado de la fuerza que ex- cedió en mucho los límites de su función, lo que provocóla muerte de un gran número de reclusos. Por lo tanto,los actos que llevaron a este desenlace no pueden serconsiderados delitos militares, sino delitos comunes, porlo que la investigación y sanción de los mismos debió haber recaído en la justicia ordinaria, independientemente de que los supuestos autores hubieran sido militares ono. 119. Pese a lo dicho, el Estado dispuso que la justicia militar fuera la encargada de la investigación de los gra- ves hechos acaecidos en El Frontón, la cual llevó ade- lante dicha investigación y sobreseyó el proceso segui-do contra los militares involucrados. 120. La Comisión alegó que el fuero privativo militar no ofrecía las garantías mínimas de independencia e im- parcialidad requeridas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención y que, por lo tanto, noconstituía un recurso efectivo para proteger los dere-chos de las víctimas y sus familiares y remediar losdaños causados, violando también lo dispuesto en elartículo 25 de la misma. 121. Esta Corte ha establecido que [e]l artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Conven-ción Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad dediseñar y consagrar normativamente un recurso efi-caz, pero también la de asegurar la debida aplicaciónde dicho recurso por parte de sus autoridades judi-ciales. 54 122. De acuerdo con los hechos probados del presentecaso, las víctimas o sus familiares no contaron con unrecurso efectivo que les garantizara el ejercicio de susderechos, lo que dio lugar, entre otros resultados, a lafalta de identificación de los responsables en el trámite seguido en el fuero militar y al no empleo de la diligencia debida para identificar y establecer el paradero de lasvíctimas. Los datos que obran en autos permiten consi-derar que la investigación de los sucesos de El Frontónadelantada por los tribunales militares fue meramenteformal. 123. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que, ante toda violación de derechos protegidos por la Conven-ción, el deber de investigar debe emprenderse con seriedad y no como una sim- ple formalidad condenada de antemano a ser infruc- tuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por elEstado como un deber jurídico propio y no como unasimple gestión de intereses particulares, que depen-da de la iniciativa procesal de la víctima o de susfamiliares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efec- tivamente la verdad. 55 124. Este mismo criterio ha sido sostenido por el Comi-té de Derechos Humanos de Naciones Unidas en diver-sas oportunidades, en las cuales ha señalado que el Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos, enparticular las desapariciones forzadas de personasy las violaciones del derecho a la vida, y de encausarpenalmente, juzgar y castigar a quienes sean consi- derados responsables de esas violaciones. Este de- ber es aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones han sido identificados.56 125. Por lo que respecta a la afirmación sobre la parcia-lidad y dependencia de la justicia militar, es razonable considerar que los funcionarios del fuero militar que ac- tuaron en el proceso encaminado a investigar los suce-sos de El Frontón carecían de la imparcialidad e inde-pendencia requeridas por el artículo 8.1 de la Conven-ción para investigar los hechos de una manera eficaz y exhaustiva y sancionar a los responsables por los mis-mos. 126. Como ha quedado establecido ( supra párr. 59.ñ), los tribunales que conocieron los hechos relacionados con dichos sucesos “constituyen un alto Organismo de los Institutos Armados”57 y los militares que integraban dichos tribunales eran, a su vez, miembros de las fuer-zas armadas en servicio activo, requisito para formarparte de los tribunales militares. Por tanto, estaban inca-pacitados para rendir un dictamen independiente e im- parcial. 127. En otro orden de ideas, la Corte observa que, des- de la fecha de la debelación del motín en el penal ElFrontón, los familiares de los señores Nolberto DurandUgarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera desconocen la suerte que éstos han corrido y no han contado con un recurso efectivo para investigar los hechos, identificar ysancionar a los posibles responsables de éstos. 128. La Corte ha dicho que “el artículo 8.1 de la Con- vención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu” 58. Interpretado de esa manera, el mencionado texto comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto “ todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimien- tos, lo mismo que a su familia ” (Declaración de Na- ciones Unidas sobre la Protección de Todas las Per-sonas contra las Desapariciones Forzadas artículo1.2). 59 129. Este Tribunal también ha señalado que: del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos huma-nos, o sus familiares, deben contar con amplias posi- bilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento delos hechos y del castigo de los responsables, comoen busca de una debida reparación. 60 130. En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la mis- ma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho aque la desaparición y muerte de estas últimas sean efec- tivamente investigadas por las autoridades del Estado;se siga un proceso contra los responsables de estosilícitos; en su caso se les impongan las sanciones perti- nentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos derechos fuegarantizado en el presente caso a los familiares de losseñores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. 131. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Esta- do violó, tanto en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y 5 4cfr. Caso Villagrán Morales y otros, supra nota 10, párr . 237; Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C. No. 56, párr. 121; Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 8, párr. 184; Caso Castillo Páez , supra nota 11, párr. 83; Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 8, párr. 164; Caso Blake, supra nota 10, párr. 102; y Caso Suárez Rosero, supra nota 9, párr. 65 . 5 5Caso Villagrán Morales y otros, supra nota 10, párr. 226; Caso Godínez Cruz , supra nota 9, párr. 188; y Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 9, párr. 177. 5 6Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Arhuacos v. Colombia , párr. 8.8, 19 de agosto, 1997, CCPR/C/60/D/612/1995; y Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Bautista v. Colombia, párr. 8.6, 13 de noviembre, 1995, CCPR/C/55/D/563/1993. 5 7Decreto-Ley No. 23.201, Ley Orgánica de Justicia Militar, Título Preliminar I. 5 8Caso Blake, supra nota 10, párr. 96. 5 9Caso Blake, supra nota 10, párr. 97 6 0Caso Villagrán Morales y otros, supra nota 10, párr. 227.