Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 69
/G50/GE1/G67/G2E/G20/G39 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 vo hospitalizada durante varios meses. Manifestó te- mor por lo que le pudiera pasar a raíz de su declaraciónante la Corte. VII VALORACIÓN DE LA PRUEBA 44.Una vez descritas las pruebas recibidas, la Corte precisará los criterios generales sobre la valoración de la prueba en este caso, la mayoría de los cuales han sido ya desarrollados por la jurisprudencia de este Tribu-nal. 45.En un tribunal internacional cuyo fin es la protección de los derechos humanos, como es la Corte Interameri- cana, el procedimiento reviste particularidades que lo diferencian de un proceso de derecho interno. Aquél esmenos formal y más flexible que éste, sin descuidar la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las par- tes. 8 46.Por otro lado, es necesario tener presente que lajurisdicción internacional de los derechos humanos di-fiere de la justicia penal y no debe confundirse con ésta. Cuando los Estados comparecen ante la Corte no lo hacen como sujetos de un proceso penal, pues aquéllano impone penas a las personas culpables de violar los derechos humanos; su función es declarar, en su caso, que se ha violado un derecho humano en agravio deciertas personas, proteger a la víctima y determinar la reparación de los daños ocasionados por los Estados sujetos a la responsabilidad internacional que se derivade la violación. 9 47.Además de la prueba directa, sea testimonial, pericialo documental, los tribunales internacionales -al igual que los internos- pueden fundar la sentencia en pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, siempre quede ellos puedan inferirse conclusiones sólidas sobre los hechos sujetos a examen. Al respecto, la Corte ha di- cho que en ejercicio de su función jurisdiccional, tratán-dose de la obtención y valoración de las pruebas nece- sarias para la decisión de los casos que conoce puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las prue-bas circunstanciales como los indicios o las presuncio- nes como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse conclusiones consistentessobre los hechos. 10 48.Asimismo, como ha señalado la Corte, los criteriosde apreciación de la prueba ante un tribunal internacio- nal de derechos humanos tienen mayor amplitud, pues la determinación de la responsabilidad internacional deun Estado por violación de derechos de la persona per- mite al tribunal una mayor flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante él sobre los hechos pertinentes,de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia. 11 49.Corresponde a la Corte, en particular, apreciar el valorde los documentos y del testimonio presentados en el presente caso. 50.En cuanto a la prueba documental aportada por la Comisión y por el Estado ( supra párrs. 36 y 37), la Corte reconoce el valor probatorio de los documentos presen- tados, que, por lo demás, no fueron controvertidos ni objetados. 51.Esta Corte considera que las partes deben allegar al Tribunal la prueba solicitada por éste, sea documental,testimonial, pericial o de otra índole. La Comisión y el Estado deben facilitar todos los elementos probatorios requeridos -de oficio, como prueba para mejor resolvero a petición de parte- a fin de que el Tribunal cuente con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus resoluciones. A este respec-to, es preciso tomar en cuenta que en los procesos sobre violaciones de derechos humanos puede ocurrir que el demandante no cuente con la posibilidad de alle-gar pruebas que sólo puedan obtenerse con la coopera- ción del Estado. 1252.En el presente caso, el Estado omitió aportar docu- mentación que le fue solicitada en varias oportunidades. Así, no aportó los siguientes documentos: expediente tramitado por el delito de terrorismo contra los señoresUgarte Rivera y Durand Ugarte; resolución de 17 de julio de 1987, e información sobre el fundamento de hecho y de derecho de la resolución indicada en los oficios No.544.98.INPE-CR-P del Ministerio de Justicia y No. 635.98.INPE-CR-P del Ministerio de Justicia, de 18 de septiembre de 1998 y 31 de octubre de 1998, respecti-vamente. En tal virtud, el Perú fue omiso en hacer llegar al Tribunal documentación que podría ser relevante para el conocimiento de los hechos. 53.El testimonio de la señora Virginia Ugarte Rivera se admite únicamente en cuanto concuerde con el objetodel interrogatorio propuesto por la Comisión, y se valo- rará dentro del conjunto de pruebas de este proceso, de acuerdo con el principio de la sana crítica. 54.La prueba producida en el caso Neira Alegría y otros, incorporada al acervo probatorio del presente caso ( su- pra párr. 38), se valorará igualmente en el contexto de las pruebas correspondientes a este proceso y confor- me a las reglas de la sana crítica. 55.La prueba documental presentada por la Comisión, a solicitud de la Corte, como prueba para mejor resolver,será valorada en los mismos términos señalados en los párrafos anteriores. 56.En cuanto a los oficios Nº 544.98.INPE-CR-P del Mi- nisterio de Justicia y Nº 635.98.INPE-CR-P del Ministe- rio de Justicia, de 18 de septiembre de 1998 y 31 deoctubre de 1998, respectivamente, que fueron presen- tados por el Estado en forma extemporánea, la Corte estima que constituyen prueba documental útil, en lamedida que contienen información sobre el proceso de terrorismo seguido contra Durand Ugarte y Ugarte Ri- vera en el Perú, por lo que los incorpora al acervo proba-torio, con base en el artículo 44 de su Reglamento, y los valorará dentro del conjunto de pruebas del presente caso y conforme al principio de la sana crítica. 8cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 60; Caso Castillo Páez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos) . Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 38; Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos) . Sentencia de 27 de noviem- bre de 1998. Serie C No. 42, párr. 38; Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 70; Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17, párr. 44; y Caso Cayara, Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, párr. 42. 9cfr. Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 8, párr. 71; Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 136; y Caso Godínez. Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 140; Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 134. 1 0cfr. Caso Villagrán Morales y otros . Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 69; Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 8, párr. 62; Caso Loayza Tamayo, supra nota 8, párr. 51; Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 8, párr. 72; Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párrs. 47 y 49; Caso Gangaram Panday. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, supra nota 9, párr. 133; Caso Godínez Cruz, supra nota 9, párr. 136; C aso Velásquez Rodríguez, supra nota 9, párr. 130. 1 1cfr. Caso Villagrán Morales y otros, supra nota 10, párr. 72; Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 8, párr. 83; Caso Blake , supra nota 10, párr. 50; Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 39; y Caso Loayza Tamayo . Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 42. 1 2cfr. Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 65; Caso Gangaram Panday, supra nota 10, párr. 49; Caso Godínez Cruz, supra nota 9, párrs. 141 y 142; y Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 9, párrs. 135 y 136.