Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 77
/G50/GE1/G67/G2E/G20/G31/G37 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 100. Los mencionados decretos supremos no suspen- dieron en forma expresa la acción o recurso de hábeascorpus que dispone el artículo 7.6 de la ConvenciónAmericana, pero el cumplimiento que el Estado dio adichos decretos produjo, de hecho, la ineficacia del men-cionado recurso, en virtud de que los jueces ordinarios no podían ingresar a los penales por ser éstos zonas militares restringidas, y de que dichas disposiciones im-pedían investigar y determinar el paradero de las perso-nas a favor de las cuales se había interpuesto el recur-so. En este caso, el hábeas corpus era el procedimientoidóneo, que pudo ser efectivo, para que la autoridad judicial pudiese investigar y conocer el paradero de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. No es válido elalegato del Estado en el sentido de que los familiaresdebieron haber ejercitado los procedimientos que reco-noce el ordenamiento legal interno, tales como la decla-ración de muerte presunta o la apertura de la correspon- diente sucesión legal, ya que estos recursos sirven a otros propósitos, relacionados con el régimen suceso-rio, y “no al esclarecimiento de una desaparición violato-ria de los derechos humanos”. 47 101. Asimismo, la Corte ha reiterado que el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales com-petentes que la ampare contra actos que violen sus de-rechos fundamentales constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentidode la Convención [...] El artículo 25 se encuentra ín-timamente ligado con la obligación general del artícu-lo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funcio-nes de protección al derecho interno de los Estados Partes. 48 102. Además, la Corte ha señalado que la inexistencia de un recurso efectivo contra las vio- laciones a los derechos reconocidos por la Conven- ción constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tengalugar. En ese sentido debe subrayarse que, paraque tal recurso exista, no basta con que esté previs-to por la Constitución o la ley o con que sea formal-mente admisible, sino que se requiere que sea real- mente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lonecesario para remediarla. 49 103. Lo anteriormente expuesto no sólo es válido en situaciones de normalidad, sino también en circunstan- cias excepcionales. Dentro de las garantías judiciales inderogables, el hábeas corpus representa el medio idó-neo “para controlar el respeto a la vida e integridad de lapersona, para impedir su desaparición o la indetermina-ción de su lugar de detención, así como para protegerlacontra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhuma- nos o degradantes”. 50 104. La acción de hábeas corpus interpuesta por la señora Virginia Ugarte Rivera el 26 de junio de 1986 afavor de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugar-te Rivera, en la cual señalaba como responsables al Director del Instituto Nacional Penitenciario y al Direc- tor del penal El Frontón, se fundamentó en que desco-nocía el paradero de su hijo y de su hermano desdeque se produjo la debelación del motín, y éstos podríanestar secuestrados o haber fallecido. Este recurso fuedeclarado improcedente el 27 de junio de 1986, por considerar el juez que los beneficiarios se encontraban procesados y detenidos en virtud de órdenes emana-das de un procedimiento regular, abierto el 4 de marzode 1986 por el delito de terrorismo, en la instrucciónNo. 83-86 ante el 39o. Juzgado de Instrucción de Lima.Además tomó en cuenta que, conforme al acta levanta- da el 18 de junio de 1986 por el Director del penal El Frontón, se había ordenado a dicho funcionario dejar lasituación del penal a cargo del Comando Conjunto delas Fuerzas Armadas.105. De acuerdo con lo expuesto, el 15 de julio de 1986 el Primer Tribunal Correccional de la Corte Supe-rior de Justicia del Callao, considerando que la res-tricción a la libertad fue impuesta a Nolberto DurandUgarte y a Gabriel Pablo Ugarte Rivera “en mérito auna orden judicial de detención dictada dentro del pro- ceso por el delito de terrorismo”, confirmó la resolu- ción apelada y declaró improcedente la acción de há-beas corpus interpuesta en favor de dichas perso-nas. El 13 de agosto de 1986 la Primera Sala Penal dela Corte Suprema declaró “no haber nulidad” de lasentencia expedida por el Tribunal Correccional. Fi- nalmente, el 28 de octubre de 1986 el Tribunal de Ga- rantías Constitucionales, ante el que se había inter-puesto un recurso de casación, declaró que“permanec[ía] inalterable” la resolución de la CorteSuprema de Justicia. 106. La Corte ha interpretado los artículos 7.6 y 27.2 de la Convención. En la opinión consultiva OC-8, de 30 deenero de 1987, ha sostenido que “los procedimientos dehábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judi-ciales indispensables para la protección de varios dere-chos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una so- ciedad democrática” 51. 107. En la opinión consultiva OC-9, este Tribunal ha sos- tenido que las garantías judiciales indispensables para la pro- tección de los derechos humanos no susceptiblesde suspensión, según lo dispuesto en el artículo27.2 de la Convención, son aquéllas a las que éstase refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1,consideradas dentro del marco y según los princi- pios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo lalegalidad excepcional que resulta de la suspensiónde garantías. 52 108. Los criterios contenidos en las citadas opinio- nes consultivas son aplicables al presente caso, dado que la aplicación de los Decretos-Supremos No. 012-86-IN y No. 006-86-JUS , que declararon el estado de emergencia y la zona militar restringida, así como elcontrol efectivo de las Fuerzas Armadas sobre el cen-tro penitenciario El Frontón, produjeron implícitamen- te la suspensión de la acción de hábeas corpus, en contravención de lo dispuesto en la Convención Ame-ricana. 109. En relación con lo anterior, puede afirmarse que no fue efectiva la acción de hábeas corpus intentada el 26 de junio de 1986, a propósito de la desaparición de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera como conse-cuencia de los hechos del 18 de junio de 1986. 110.Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado violó las disposiciones de los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugar-te Rivera. 4 7Caso Durand y Ugarte , Excepciones Preliminares . Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50, párr. 35. 4 8cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 8, párr. 184.; Caso Castillo Páez , supra nota 11, párrs. 82 y 83; Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 8, párr. 164; Caso Blake , supra nota 10, párr. 102; y Caso Suárez Rosero, supra nota 9, párr. 65. 4 9Garantías judiciales en estados de emergencia , supra nota 46, párr. 24. 5 0cfr. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra nota 45, párr. 35; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, supra nota 46, párr. 31; Caso Castillo Petruzzi y otros , supra nota 8, párr. 187; Caso Suárez Rosero , supra nota 9, párr. 63; y Caso Neira Alegría y otros, supra nota 12, párr. 82. 5 1El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra nota 45, párr. 42. 5 2Garantías judiciales en estados de emergencia, supra nota 46, párr. 38.