Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G30 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 Gabriel Pablo Ugarte Rivera como de sus familiares, los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. XV INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS Y DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERE- CHO INTERNO 132. En cuanto al incumplimiento de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, la Comisión alegó que: a) el Estado había violado la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Conven-ción. El Derecho Internacional de los Derechos Hu-manos impone una obligación de no hacer, que con-siste en que los agentes del Estado deben abstener-se de realizar acciones que puedan invadir la esfera de libertad garantizada en cada uno de los derechos enumerados en el tratado, y una obligación de hacer,para asegurar a cada persona el pleno goce y ejerci-cio de los mismos derechos; b) las violaciones a la Convención respecto de los artículos 4, 7.6, 8, 25.1 y 27.2 implican la violación del artículo 1.1 de la Convención; y c) la Convención en su artículo 2 explícitamente com- promete a los Estados a adoptar disposiciones legis-lativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagra- dos en la Convención. Dicha disposición obliga alEstado, por un lado, a adoptar nuevas medidas y, porotro, a derogar aquella legislación incompatible con laConvención. En consecuencia, si el Perú mantieneen su legislación el Decreto-Ley No. 23.201 (Ley Orgánica de Justicia Militar), que contradice los de- rechos garantizados en los artículos 8 y 25 de laConvención, viola asimismo sus obligaciones deacuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la mis-ma. 133. Por su parte, el Estado alegó que: a) el artículo 29 de la Declaración Universal de De- rechos Humanos , los artículos 28 y 33 de la Declara- ción Americana de Derechos y Deberes del Hombre,el artículo 2 de la Convención Europea y los artículos 29 y 32 de la Convención Americana, se deben tomar en cuenta para delimitar y definir la consubstanciali-dad de los deberes de los ciudadanos y los derechosreconocidos, en relación con el derecho a la vida; b) el deber de respetar derechos y libertades funda- mentales no sólo se refiere a las autoridades públi- cas, sino a todo individuo. Al afirmarse el derechofundamental del individuo a que se reconozca su dig-nidad de persona humana, se le impone asimismo eldeber fundamental de tratar a sus semejantes delmismo modo. En ninguna circunstancia se puede permitir el recurso a medios ilícitos. Según el deber de no abusar del derecho propio, cada individuo debeejercer sus derechos teniendo en consideración , en una medida razonable , los intereses de los demás y, en todo caso, no hacerlo con fines vejatorios. Existe,a su vez, un deber de igualdad según el cual nadie se erigirá en forma arbitraria por encima de otra perso- na; c) los sucesos ocurridos los días 18 y 19 de junio de 1986 durante el debelamiento del motín en El Fron-tón, se encuentran encuadrados dentro del alcance de las normas de control interno que el Perú, como todo Estado soberano, está en la facultad y obliga-ción de ejercer en tutela del principio de autoridad ydel bien común de sus ciudadanos; y d) hay que considerar las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y que, al producirse el mo- tín de reclusos, el Estado -luego de agotadas lasgestiones iniciales y desbordada la participación delas Fuerzas Policiales- dispuso la intervención de lasFuerzas Armadas, que resultaba necesaria. No debe dejarse de considerar como premisa la peligrosidadde los delincuentes amotinados, y que éstos conta-ban con armamento, explosivos, provisiones y mate-rial médico y mantenían dos rehenes, uno de los cua-les finalmente murió en el interior del edificio colapsa- do. 134. El artículo 1.1 de la Convención establece que [l]os Estados partes en esta Convención se compro- meten a respetar los derechos y libertades reconoci- dos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sindiscriminación alguna por motivos de raza, color,sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cual-quier otra índole, origen nacional o social, posicióneconómica, nacimiento o cualquier otra condición social. 135. Por su parte, el artículo 2 de la Convención deter- mina que [s]i en el ejercicio de los derechos y libertades men- cionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, losEstados partes se comprometen a adoptar, con arre-glo a sus procedimientos constitucionales y a las dis-posiciones de esta Convención, las medidas legisla-tivas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 136. Al respecto, la Corte ha dicho que [e]n el derecho de gentes, una norma consuetudina- ria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su dere- cho interno las modificaciones necesarias para ase-gurar la ejecución de las obligaciones asumidas. Estanorma aparece como válida universalmente y ha sidocalificada por la jurisprudencia como un principio evi-dente (“ principe allant de soi ”; Echange des popula- tions grecques et turques , avis consultatif, 1925, C.P.J.I., série B, no. 10, p. 20). En este orden deideas, la Convención Americana establece la obliga-ción de cada Estado Parte de adecuar su derechointerno a las disposiciones de dicha Convención, paragarantizar los derechos en ella consagrados. 61 137. En el mismo sentido, en otro caso el Tribunal mani-festó que [e]l deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen vio-lación a las garantías previstas en la Convención.Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo deprácticas conducentes a la efectiva observancia dedichas garantías .62 138. La Corte advierte que, de acuerdo con lo estable-cido en la presente sentencia, el Estado violó los artícu-los 4.1, 7.1, 7.5, 7.6, 8.1 y 25.1 de la Convención Ameri-cana en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugar-te y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, por lo que el mismo no ha cumplido con su deber general de respetar los dere- chos y libertades reconocidos en aquélla y de garantizarsu libre y pleno ejercicio , como lo establece el artículo 1.1 de la Convención. Además, en el presente caso sevioló el artículo 2 de la Convención, por cuanto el Estadono ha tomado las medidas adecuadas de derecho inter-ESTA PARTE ES DIGITADA 6 1Caso Garrido y Baigorria . Reparaciones. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 68. 6 2Caso Castillo Petruzzi y otros , supra nota 8, párr. 207.