Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 76
/G50/GE1/G67/G2E/G20/G31/G36 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 conociera el paradero de los desaparecidos, los tri- bunales peruanos se limitaron a establecer la legali-dad de la detención e hicieron a un lado su obligación de determinar el paradero de las víctimas, que era el objetivo específico del recurso promovido por la se-ñora Ugarte Rivera; c) el artículo 7.6 de la Convención garantiza el acce- so a este tipo de recursos para proteger el derecho a la libertad personal y el artículo 27.2 de la Conven- ción, relativo a la suspensión de garantías en esta-dos de emergencia, excluye la posibilidad de dejar sin efecto “las garantías judiciales indispensables” para la protección de los derechos inderogables, entrelas que se encuentran las acciones de hábeas cor- pus y de amparo; d) en lo que se refiere a las limitaciones al acceso a un recurso sencillo y rápido, el caso de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera ofreceuna situación idéntica a la del caso Neira Alegría y otros. En éste, la Corte señaló que el Estado había violado “los artículos 7.6 y 27.2 de la Convención envirtud de la aplicación de los Decretos Supremos No. 012-86-IN y No. 006-86-JUS de 2 y 6 [ rectius 19 ] de junio de 1986, que declararon el estado de emergen-cia en las provincias de Lima y del Callao y Zona Militar Restringida en tres penales, entre ellos el de San Juan Bautista”. Al respecto, la Corte señaló que si bien dichos decretos no suspendieron de manera expresa la acción o recurso de hábeas corpus[...],de hecho, el cumplimiento que se dio a ambos de- cretos produjo la ineficacia del citado instrumento tutelar, y por tanto, su suspensión en perjuicio de laspresuntas víctimas. El hábeas corpus era el proce- dimiento idóneo para que la autoridad judicial pudie- se investigar y conocer el paradero de las tres per-sonas a que se refiere este caso 44; y e) la Corte debe declarar, en este caso, que el Esta- do es responsable de la violación de los artículos 7.6, 25.1 y 27.2 de la Convención. 94.Por su parte, el Estado alegó que: a) el hábeas corpus, tal como está concebido en las diversas legislaciones, “regula los casos de DETEN- CION ARBITRARIA a la que en forma alguna podían acogerse los [señores Durand Ugarte y Ugarte Rive-ra]”, puesto que se han precisado en la investigación correspondiente los motivos de su detención y había un mandato judicial para proceder a su reclusión, porlo que las calificaciones de orden jurisdiccional, en estos casos, resultaron adecuadas al marco legal; y b) al no haberse ejercitado en el presente caso, por parte de los familiares de los ciudadanos Durand Ugar- te y Ugarte Rivera, los procedimientos de declara-ción de muerte presunta o declaración legal de muer- te, o no haberse dispuesto la apertura de la sucesión legal para el ejercicio de las acciones resarcitoriasque reconoce el ordenamiento legal peruano, no se ha agotado la vía interna, lo que determina la falta de competencia de la Corte. 95.El artículo 25.1 de la Convención Americana dispone que: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante losjueces o tribunales competentes, que la ampare con- tra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presenteConvención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funcio- nes oficiales. 96.El artículo 7.6 de la Convención Americana determi- na que: Toda persona privada de libertad tiene derecho a re- currir ante un juez o tribunal competente, a fin de queéste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arrestoo la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene dere-cho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 97.Por su parte, el artículo 27 de la Convención estable- ce que: 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguri- dad del Estado parte, éste podrá adoptar disposicio-nes que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Con-vención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discri-minación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la sus- pensión de los derechos determinados en los siguien- tes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de laPersonalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (De- recho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidady de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a laNacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protec- ción de tales derechos. 98.Cuando ocurrió el motín en El Frontón, en el Perú se aplicaron los Decretos Supremos No. 012-86-IN y No.006-86 JUS de 2 y 19 de junio de 1986, respectivamen- te, que declararon prorrogado el estado de emergencia en las Provincias de Lima y del Callao, y establecieroncomo zona militar restringida, bajo la jurisdicción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tres esta- blecimientos penales, entre ellos El Frontón, mientrasdurara el estado de emergencia. 99.En lo relativo a la suspensión de garantías o declara- ción de estados de emergencia en los casos de guerra, peligro público u otra emergencia, es preciso remitirse al artículo 27 de la Convención Americana. La Corte haseñalado que si se ha decretado debidamente la sus- pensión de garantías, ésta no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario, y que resulta “ilegal todaactuación de los poderes públicos que desborde aque- llos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción”. 45 Las limitaciones que se imponen a la actuación del Esta- do responden a “la necesidad genérica de que en todo estado de excepción subsistan medios idóneos para elcontrol de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellos se adecúen razonablemente a las necesidades de la situación y no excedan de los límites estrictos im-puestos por la Convención o derivados de ella”. 46 4 1Caso Gangaram Panday , supra nota 10, párr. 47. 4 2cfr. Caso Godínez Cruz , supra nota 9, párr. 143; y Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 9, párr.137. 4 3cfr. Caso Godínez Cruz , supra nota 9, párr. 144; Caso Velásquez Rodríguez , supra nota 9, párr. 138. 4 4Caso Neira Alegría y otros , supra nota 12, párr. 77. 4 5El hábeas corpus bajo Suspensión de Garantías, Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 38. 4 6Garantías judiciales en estados de emergencia , Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 21.