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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G35/G35/G31/G31/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 14 de noviembre de 2003 38. De este modo y dentro del respeto a la libre iniciati- va privada, la función orientadora del Estado tiene comopropósito el desarrollo del país, procurando que se mate- rialice el componente social del modelo económico previs- to en la Constitución. 39. Dicha función orientadora presenta, sustancialmen- te, las siguientes características: a) el Estado puede for- mular indicaciones, siempre que éstas guarden directa re-lación con la promoción del desarrollo del país; b) los agen- tes económicos tienen la plena y absoluta libertad para escoger las vías y los medios a través de los cuales sepueden alcanzar los fines planteados por el Estado; y, c) el Estado debe estimular y promover la actuación de los agen- tes económicos. 40. El reconocimiento de estas funciones estatales, que aparecen como un poder-deber, se justifica porque el Es- tado no es sólo una organización que interviene como ga-rantía del ordenamiento jurídico, sino porque determina o participa en el establecimiento de las "reglas de juego", configurando de esta manera la vocación finalista por elbien común. Por ende, el Estado actúa como regulador y catalizador de los procesos económicos. §8. Acerca del rol de los organismos reguladores 41. Sabido es que nuestra legislación, principalmente a través de la Ley Nº 27332, parcialmente modificada por la Ley Nº 27632, ha conferido a los organismos re- guladores de la inversión privada en los sectores públi-cos, una misión de especial trascendencia para el co- rrecto desenvolvimiento del mercado. A dichos orga- nismos autónomos compete, dentro de sus correspon-dientes ámbitos sectoriales, la supervisión, regulación y fiscalización de las empresas que ofrecen servicios al público, así como la aplicación de las sanciones aque hubiere lugar, en caso de que los oferentes de ser- vicios contravengan las disposiciones legales y técni- cas que regulan su labor, o quebranten las reglas demercado que garantizan una competencia eficiente y leal. Deben, asimismo, actuar con eficiencia en la solu- ción de toda controversia que pudiera presentarse enel sector que les compete. La ley ha conferido a dichos organismos, además, una función específica: la responsabilidad de supervisar lasactividades efectuadas al amparo del Decreto Legislativo Nº 674; es decir, aquellos casos en los que existan privati- zaciones o concesiones por parte del Estado a favor deempresas privadas (art. 4º de la Ley Nº 27332). Se trata, pues, de una supervisión de las actividades “post- privati- zación”. Así, el papel de los organismos reguladores puede re- sumirse en la función de suministrar el marco regulador necesario a fin de promover nuevas inversiones, así comoel ingreso de nuevos operadores, desarrollando al mismo tiempo mayores niveles de bienestar para los usuarios de los servicios bajo su supervisión. 42. Tal como ha quedado dicho, el absoluto abstencio- nismo estatal frente al desenvolvimiento del mercado, bajo la premisa de que la mejor regulación de la economía es la“no regulación”, es una falacia propia de las ideologías uti- litaristas, que pretenden convertir al egoísmo en una virtud y ae la solidaridad un vicio. Es por ello que al Estado lecompete supervisar el correcto desenvolvimiento de la eco- nomía, previo convencimiento de la función social que ella cumple en la sociedad. Por tal razón, tendrá como deberintervenir en aquellas circunstancias en que los encarga- dos de servir al público hubiesen olvidado que el beneficio individual que les depara la posesión y explotación de unmedio de producción o de una empresa de servicio, pierde legitimidad si no se condice con la calidad y el costo razo- nable de lo ofertado. En buena cuenta, es menester enfati-zar que la satisfacción de las necesidades del consumidor y del usuario es el punto de referencia que debe tenerse en cuenta al momento de determinar el desenvolvimiento efi-ciente del mercado. 43. Allí radica la especial función que cumplen los or- ganismos reguladores. Estos organismos tienen la obliga-ción de asumir la delicada misión que les ha sido asignada bajo principios de transparencia e imparcialidad. De la efi- ciente labor en sus respectivos sectores depende, en granmedida, que se genere verdadera competencia entre los distintos agentes económicos, lo que redundará en benefi- cio de los usuarios.El ejercicio de toda actividad económica puede limi- tarse. Si embargo, es preciso que las restricciones le-gales adoptadas no enerven esa legítima autonomía, así como también impidan a los operadores económi- cos privados diseñar su propia estrategia para ofrecer,adquirir, vender o hasta permutar en el mercado. Ello, sin perjuicio de reconocer que incluso las medidas es- tatales que pretendan operar sobre el ámbito de las li-bertades económicas deben ser razonables y propor- cionadas. 34. En suma, si bien la Constitución garantiza el ejer- cicio de las libertades patrimoniales, en el marco de una economía social de mercado -donde estos dere- chos operan como garantías institucionales- implicanel reconocimiento de la libertad de decidir no sólo la creación de unidades económicas y su actividad en el mercado, sino también el establecimiento de los pro-pios objetivos de éstas, así como planificar y dirigir sus actividades de acuerdo a sus propios recursos y a las condiciones del mercado, teniendo siempre en consi-deración que la actividad empresarial debe ejercerse con pleno respeto a los derechos fundamentales de los "otros" y con sujeción a la normativa que regula la par-ticipación en el mercado. §7. Estado vigilante, garantista y corrector35. Si bien el principio de subsidiariedad, al que debe atenerse el accionar del Estado, y el respeto al contenidoesencial de las libertades económicas, constituyen, bási- camente, límites al poder estatal, la Constitución reserva al Estado, respecto del mercado, una función supervisoray correctiva o reguladora. Ello, sin duda, es consecuencia de que, así como existe consenso en torno a las garantías que deben ser instauradas para reservar un ámbito ampliode libertad para la actuación de los individuos en el merca- do, existe también la certeza de que debe existir un Estado que, aunque subsidiario en la sustancia, mantenga su fun-ción garantizadora y heterocompositiva. Este Colegiado, en tal sentido, conviene con Pedro de Vega cuando puntualiza que “el mercado no funcionó nun-ca sin los correctivos y los apoyos del Estado”, y que, “ante la amenaza de conflictos sociales que el mercado no pue- de resolver ni soportar, y ante el riesgo permanente delcaos interno, nada tiene de particular que se haga impres- cindible recurrir al Estado como instrumento de regulación y control, por ser la única instancia capaz de crear las con-diciones para que el sistema económico obtenga la míni- ma “lealtad de las masas”. ( Neoliberalismo y Estado. Op. cit., pág. 34-35). 36. La función reguladora del Estado se encuentra pre- vista en el artículo 58º de la Constitución, cuyo tenor es que "la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una econo-mía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, ser-vicios públicos e infraestructura […]" Por su parte, el artí- culo 59º establece que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, comercio e in-dustria. 37. Asimismo, el artículo 61º confiere al Estado el de- ber de proscribir y combatir toda práctica que limite la librecompetencia, así como el abuso de las posiciones domi- nantes o monopólicas. De esta forma, nuestro texto funda- mental no admite que un solo productor satisfaga la de-manda de todos los consumidores o usuarios, pues ello, en los hechos, le permitiría determinar el precio y la canti- dad de bienes o servicios a ofertarse, a costa de extraerrecursos del consumidor o usuario. El Estado debe, asimismo, evitar la instauración de po- siciones dominantes, esto es, la existencia de escenarioseconómicos en los que aparezca un agente con capacidad de actuación independiente, es decir, con opción de pres- cindencia de sus competidores, compradores y clientes oproveedores en función a factores tales como la participa- ción significativa de las empresas en los mercados res- pectivos, las peculiares características de la oferta y lademanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológi- co, etc. En coherencia con tales imperativos se justifica la exis- tencia de una legislación antimonopólica y de desarrollo de los marcos regulatorios que permitan mayores niveles de competencia.