NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2006 (23/09/2006)

NORMAS LEGALESREPUBLICADELPERU 328786El Peruano sábado 23 de setiembre de 2006 en lugar de ello, el ente parece haberse convertido, lamentablemente, en uno ridículo y peligroso. Incluso la lucha Política, que en el Perú tiene eventualmente ribetes gangsteriles, parece haber halladoeco al interior del actual Tribunal: mientras un magistradosustrae un documento ajeno, otro mangonea una sesiónpara precipitar su renuncia, y un tercero suelta a la prensala grabación de la sesión, creyendo favorecer su puntode vista. Pero el fondo de la cuestión es que éste no es un problema de personas, sino uno relativo a la funcióncomo tal, que concentra un poder excesivo, capaz decolocarse por encima del Judicial, el Legislativo y elEjecutivo sin haber sido elegido por el pueblo para laresponsabilidad de gobernar. Esta es la razón por la cualno tiene sentido su existencia como tal y no basta conpedir sólo la renuncia inmediata de sus miembros por suescandalosa conducta. Debe, pues, proponerse una modificación constitucional y eliminarlo. (*)Publicado en Expreso, Lima, 9 de febrero de 1997.Hay que reconocer que Expreso es coherente en su postura contraria a la existencia y a las atribuciones delTribunal Constitucional. Así lo acredita, entre otros, el artículode Jaime de Althaus, publicado en ese diario el 7 de marzode 1997, cuando ocurrió la sustracción del proyecto desentencia relacionado con la “interpretación auténtica delartículo 112 de la Constitución” para hacer viable un tercerperíodo presidencial consecutivo al ingeniero Fujimori. Enese artículo Althaus planteó que era necesario Liquidar el Tribunal Sin darse cuenta, la oposición puede haberse lanzado un boomerang al proponer –y lograr que se apruebe-una comisión para investigar las irregularidadesdenunciadas en el Tribunal Constitucional sobresustracción de documentos por parte de un magistradoy usurpación de funciones por otros tres. El propósito de la minoría era poner de manifiesto la intromisión delictiva del Servicio de Inteligencia y defenderla integridad y autonomía del Tribunal, pero si la comisiónencuentra responsabilidades el Congreso podría, enteoría, sancionar y hasta destituir a miembros del Tribunal.Quizá el gobierno se este dando cuenta de que esto eslo que quiere. En todo caso, es una situación que sepresta al chantaje político y que pone contra las cuerdasal Tribunal, restándole autonomía y tranquilidad en lospróximos meses. Al mismo tiempo, pese a que el Tribunal es, se supone, ultima y definitiva instancia, la congresista Martha Chavezha presentado una acción de amparo contra la resoluciónque declara inaplicable la ley de re-reeleccion al caso delpresidente Alberto Fujimori. Por esta vía, entonces,tendremos al Tribunal en manos ya no del Congreso sinode la Corte Suprema. Así, de pronto lo que ha ocurrido es que el Tribunal aparece no sólo supuestamente hostigado desde el SIN,sino jaqueado desde los otros dos poderes del Estado:el Congreso y el Poder Judicial. Puede haber una larga yenjundiosa discusión jurídica acerca de si es valido queel Congreso investigue al Tribunal o que la Corte Supremapueda acoger un amparo contra una resolución suya.Pero lo fáctico es que ambas cosas están a punto deocurrir. Tendremos, así, al más alto Tribunal del Perúzarandeado desde todos lados. Es algo lamentable desde el punto de vista de nuestra capacidad de vivir en democracia y construir institucionessólidas. Ya sabemos que un interés político tan fuertecomo el de la re-reeleccion es capaz de pasar por encimade las formas legales y descomponer el funcionamientode cualquier institución. Pero también es cierto que el Tribunal Constitucional o, mas precisamente, el llamado control “concentrado” de laconstitucionalidad de las leyes, no es una instituciónapropiada para nosotros y quizá para ninguna democracia,porque pone en manos de unos pocos, magistrados queno han sido elegidos, decisiones inapelables de enormetranscendencia y de naturaleza Politica.Un poder tan grande no debería existir. Por eso, liquidar el Tribunal en lugar de acosarlo, debería ser laconsigna y el gran debate que la mayoría debiera plantear. EDITORIAL DE LA REPUBLICA DEFENSA DEL TC (*) Con motivo de la inocultable crisis que atraviesa el Tribunal Constitucional como resultado delcomportamiento anómalo y gansteril de dos de susmiembros –precisamente aquellos introducidos como“peones de obstrucción” por el fujimorismo- la prensaoficialista aprovecha para llevar agua a su molino yconcluir que el TC no debiera existir y sus facultades serasumidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Es verdad que el TC tal como actualmente ha sido concebido no funciona, pero lo que no indica la prensafujimorista –porque no le conviene- son las causas realesde esta situación, que no son cierto que la institución seaintrinsecante mala porque siete magistrados puedanimponerse al Congreso para declarar lainconstitucionalidad de una norma. Con siete o nueve miembros funcionan las Cortes Constitucionales de treinta países del mundo, y enninguna de ellas se han producido los escándalos queha conocido el TC peruano en los pocos meses quelleva funcionando. Entonces, concluir que taldisfuncionamiento se debe a que unos pocosmagistrados, deciden por encima del Congreso escompletamente falso. En la práctica, el numero denormas cuestionadas no llega ni siquiera al 1% de lasdictadas por los respectivos Congresos, y a nadie se leocurre cuestionar los diversos TC por este hecho. Algo más, proponer la disolución del TC y el traslado de sus facultades a la Sala Constitucional de la Suprema esun contrasentido, porque entonces –siguiendo con la mismalógica de la prensa oficialista-cinco vocales de dicha salaacabarían imponiéndose al Congreso. Pero creemos quelo que verdaderamente se pretende al plantear este cambioes la inexistencia de una instancia constitucional. Es que, en efecto, este sistema ya rigió bajo la Constitución de 1993, con el resultado de que en 45años de vigencia de dicha Carta jurídica jamas la SalaConstitucional de la Suprema impugnó laconstitucionalidad de norma alguna dictada por elCongreso. Sin duda esto es lo que en el fondo se busca,porque pretender que el actual Poder Judicial,subordinado al poder político y con sus miembrosatemorizados por miedo a una destitución, va a atreversea cuestionar una norma es algo absolutamente irreal. Si el TC no funciona y ha sido objeto de los escándalos que todos conocemos se ha debido, objetivamente, ados razones: 1) Al engañoso sistema de votaciónimpuesto por la mayoría oficialista, que exige lacoincidencia de seis votos de un total de siete (es decirel 85%) para tomar una decisión que implique aplicacióndel control concentrado sobre la constitucionalidad oinconstitucionalidad de una norma. 2) A la mañosa elección de dos magistrados de segundilla, los doctores Francisco Acosta Sánchez yJosé Garcia Marcelo con la misión exclusiva de bloquear–en base al tramposo sistema de votación- cualquierdecisión que pueda tomar el TC que sea contraria alfujimorismo. La publicación de las actas del pleno delAlto Tribunal de uno de sus colegas y lo extrajo del local,mereciendo por ello la censura de los restantes miembros. Superada la barrera que podían representar los dos “peones de obstrucción”, declarada la inaplicabilidad dela ley 26657 de interpretación “autentica” mediante elrecurso al control difuso (que no requiere de seis votoscoincidentes) y derrotada legalmente la tramposareelección presidencia, los dos magistrados fujimoristasamenazan con bloquear –por su inasistencia- elfuncionamiento del TC y por tanto el trabajo de los cincojuristas que si cumplen su labor con independencia. ¿Qué hacer? La solución, obviamente, no esta la disolución del TC y su reemplazo por la Sala Constitucional,sino en darle al Alto Tribunal la posibilidad de trabajar delmodo en que los hacen los restantes TC que existen en elmundo. Es decir, suprimir la barrera instalada en un