NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2006 (23/09/2006)

NORMAS LEGALESREPUBLICADELPERU 328780El Peruano sábado 23 de setiembre de 2006 Orgánica de Municipalidades señala que quien es condenado por delito doloso Expreso, el 11 de agosto de 2006, editorializó sobre el TC y gobernabilidad¿Qué hacer con el Tribunal Constitucional (TC)? ¿Cómo establecerle un límite a sus -hoy ilimitadas- atribuciones? ¿De qué manera evitar que sigaentrometiéndose en los poderes del Estado y en otrasesferas oficiales, como sucede ahora último con el JuradoNacional de Elecciones (JNE)? ¿Por qué no fijarleparámetros a un ente que se considera por encima detodas las demás instituciones del Estado, y así evitarque -más temprano que tarde- venga un enfrentamientoque dañe la estabilidad jurídica? El caso emblemático del JNE versus el TC debe hacernos comprender la magnitud del caso. LaConstitución sanciona que el JNE es la única y últimainstancia en materia electoral. Sin embargo el TC’ -supuesto guardián de la Carta Magna- ha decidido quelo que dice claramente la Constitución no es lo que UTW leesino lo que ellos -los tribunos consideran que debe decir. En consecuencia, a partir de ese cuestionablemanipuleo de la Carta el JNE habría dejado de ser laúnica y última instancia en materia electoral, pasando aser el TC la autoridad máxima en el delicadísimo tema delas elecciones. Lo que equivale a abrir la Caja de Pandoray a generar el caos, ya que en adelante -lo veremos enlas elecciones de noviembre- cada uno de la miríada decandidatos -a presidente y consejeros regionales,alcaldes y concejales provinciales y distritaIes- tendríaexpedito el camino para plantear acciones de amparoante el TC, pasando por alto la autoridad -creíamos queconstitucionalmente autónoma- del JNE. Hemos sostenido en más de una ocasión que el origen de los crecientes problemas que genera el TC se debe aese estilo sofisticado, afrancesado que emplean ciertospolíticos criollos pretendiendo que el Perú sea un paíscultural, política y socialmente hablando. Son gente que sepasa la vida en salones apanelados imitando a sus paresde las naciones desarrolladas. Personajes que juegan almundo culto tratando de incrustar sus iniciativas y prácticasen un país con más de 60 por ciento de informalidad, cercade 3 millones de analfabetos 15 millones de pobres, 5millones de los cuales en extrema miseria, etc. A partir de esa irrealidad nuestros refinados políticos se han dedicado a construir -claro que en un papel llamadoConstitución- este país absolutamente irreal que en lapráctica es inviable. La palabra la tiene ahora el Congreso,aquel Poder del Estado responsable de aclarar y precisarlos alcances de un ente como el TC que –por falta deprecisión en la norma constitucional- se vieneconvirtiendo en piedra en el zapato de la gobernabilidad. En su edición de 30 de agosto de 2006, Expreso editorializó: Congreso y TCEl Congreso ha admitido una denuncia contra los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que deberáser abordada en los próximos días. Una subcomisión deacusaciones constitucionales tendrá que evaluar ycalificar si se ha producido efectivamente infracción a laConstitución y delito de prevaricato por acción de losmagistrados del TC. Lamentablemente el TC ha derivado en un ente politizado, desprovisto de autoridad moral y deseoso deinvadir no sólo el fuero del Jurado Nacional de Elecciones(JNE) sino el de poderes del Estado como el ParlamentoNacional y el Poder Judicial. No son pocas lasresoluciones de este colegiado que han enmendado laplana a instituciones del Estado, a pesar de no estarrespaldadas precisamente por la Constitución –comocorresponde a su razón de ser- y la ley, generando deesa manera injerencias de naturaleza invasora. Este tribunal se politizó desde el momento en que militantes de conocidos partidos políticos postularon paraintegrarlo con el fin non sancto de extender un poder supra jurisdiccional ante la previsión futura de conflictos.Casi por consigna partidaria -y egocentrismo- personaspoco calificadas han encontrado en el Te el lugar propiciopara hacer lobbies. Hace poco, en el colmo de la comicidad, falta de honor personal y sindéresis profesional, al momento de serdesignado uno de los nuevos integrantes del Te dijo -i3uelto de huesos- que efectivamente había sido militantede un partido político pero que "ayer nomás" habíarenunciado. ¿Acaso de esa manera un magistrado puedecautelar la Constitución? Las controversias contra la institucionalidad del JNE empezaron cuando el anterior presidente del TC, el exdirigente acciopopulista Javier Alva Orlandini, pretendióayudar a su correligionario y ex alcalde de Chiclayo,Arturo Castillo, luego de que una resolución del JuradoNacional de Elecciones vacara a este último del cargo.Desconociendo la Constitución y las competenciasinherentes al JNE, el TC politizó el caso y persistió en elauxilio y reposición del amigo burgomaestre a partir deuna acción de amparo. Por ello, con acierto, el miembro titular del JNE, Gastón Soto Vallenas, ha recordado que el juez de Chiclayo quevio el amparo del ex alcalde chiclayano- no tomó encuenta que para que el ex burgomaestre vuelva a laalcaldía necesariamente debe y tiene que estaracreditado sólo por el propio Jurado. Además, el titulardel JNE señaló que el pleno del Jurado no tiene nada queresolver pues ya se ha pronunciado al respecto. La Constitución esclara alDeterminar que las resoluciones dictadas por el JNE son inapelables y que contra ellas nocabe recurso alguno. La Comisión de Constitución, presidida por el legislador Aurelio Pastor, ha admitido la acusación contralos miembros del TC. Ahora le toca actuar al Pleno delCongreso. Por supuesto, el magistrado que suscribe este fundamento de voto no es correligionario de CastilloChirinos, por cuanto cesó en su militancia partidaria.Pero, con mayor energía aún, debe rechazar lasexpresiones que ese editorial contiene contra elmagistrado Carlos Mesía Ramírez, distinguido maestrouniversitario, que, conforme lo dispone la Ley Orgánicadel TC (28301), renunció a su militancia política antes deasumir el cargo. El sábado 9 de setiembre de 2006, el mismo diario Expreso publicó la nota editorial TRIBUNAL CULPOSO La intromisión del Tribunal Constitucional (TC) en un fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue lachispa que generó el incendio del palacio Municipal deChiclayo. Así de simple y así de dramático. ¿Cuántosotros casos de pugnas extremas deberá soportar el paíspara que el TC deje de meter sus narices donde no lecorresponde? Recordemos que el Tribunal –del cual forma parte el magistrado acciopopulista Javier Alva Orlandini- decidióreponer en el cargo de Alcalde chiclayano a Arturo CastilloChirinos –también acciopopulista-luego que éste fueravacado por el Jurado Nacional de Elecciones. La del TCfue una sentencia violatoria de la Carta Magna en virtudque la Constitución señala –de manera incontrastable-que los fallos del JNE son la última instancia en materiaelectoral. Sin embargo, embriagado de ese poder que seha autoconferido –a cambio de acusar a quien locontradiga de violar la Constitución- el TC llega al colmoal sostener que lo que dice la Carta Magna –es decir,que los fallos del JNE son inapelables- es falso. Segúnlos tribunos si son apelables. Es más, no obstante que laCarta señala que el JNE es la máxima autoridad pararesolver toda causa electoral, por arte de magia el TC seha puesto por encima del JNE al sentenciar que es capazde revisar los fallos del ente electoral, algo quedefinitivamente no señala la Carta. En forma reiterada EXPRESO ha venido denunciando las faltas cometidas por el TC, un ente que incumple sumisión pues manipula la letra y el espíritu de la Carta a