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El Peruano Domingo 25 de agosto de 2013 501768 reconciliación. Justicia y reparación para las víctimas de la violencia» (2006); Nº 128, «El Estado frente a las víctimas de la violencia ¿Hacia dónde vamos en políticas de reparación y justicia?» (2007); y Nº 139, «A cinco años de los procesos de reparación y justicia en el Perú. Balance y desafíos de una tarea pendiente» (2008). A partir del año 2009, se publicaron los siguientes informes temáticos: Informe N° 001-2010-DP/ADHPD, «El proceso de judicialización de graves violaciones a derechos humanos en el distrito judicial de Junín: Situación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo» (2010); Informe N° 004-2011/DP-ADHPD, «La actuación del Poder Judicial en el marco del proceso de judicialización de graves violaciones a derechos humanos» (2011); Informe N° 015-2012-DP/ADHPD, «Análisis de la problemática actual para las reparaciones en educación: la necesidad de modifi cación del artículo 18° del reglamento del plan integral de reparaciones» (2012); y, el Informe N° 002- 2013-DP/ADHPD, «Análisis de la normatividad vigente sobre reparaciones económicas a benefi ciarios/as con más de una afectación» (2013). El Informe Defensorial N° 162 presenta un balance de las acciones realizadas por el Estado, en todos sus niveles, durante el período 2003–2013, en materia de reparación y justicia, analizando los avances, difi cultades, estancamientos y, en algunos casos, retrocesos en estos procesos. El documento se hace público en el marco de la conmemoración de los diez años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el mismo que analizó la violencia demencial de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, así como las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo 1980-2000. Segundo.- Proceso de implementación del Plan Integral de Reparaciones (PIR). En el año 2005 se aprobó la Ley Nº 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), el mismo que establece los programas de reparación, la elaboración del Registro Único de Víctimas; determina las entidades encargadas de su ejecución y monitoreo; así como las medidas para el inicio de los programas de reparación. Registro Único de Víctimas. Respecto al universo de personas acreditadas ante el Registro Único de Víctimas (RUV), a marzo del 2013, el total de víctimas individuales asciende a 182,350. De ellas, 106,919 son víctimas directas (59%) y 75,431 familiares (41%). Del universo de víctimas directas, 1,034 son integrantes de la Policía Nacional del Perú, 1,254 son miembros de las Fuerzas Armadas, 1,516 son integrantes de los Comités de Autodefensa, y 103,115 son civiles. En relación con las víctimas colectivas, se ha inscrito a 5,697 comunidades y a 46 organizaciones de personas desplazadas. Sobre el tipo de afectación, 22,378 son víctimas fallecidas, 7,399 son víctimas de desaparición forzada, 30,687 sufrieron tortura, 35,337 son desplazados, 2,781 son víctimas de violación sexual y, 802 tienen una discapacidad. Otras afectaciones suman 7,535 (secuestro, detención o prisión siendo inocente, reclutamiento forzado, entre otros). El Consejo de Reparaciones ha entregado 109, 570 certifi cados de acreditación a nivel nacional (57%), quedando pendiente la entrega de 75,431 certifi cados (43%). Reparaciones. En relación con la implementación del Plan Integral de Reparaciones, el Estado ha dado un impulso diferenciado a los programas de reparación que creó la Ley. En el período 2007—2011 se enfatizó la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas, mientras que a partir de mediados del 2011 se ha priorizado el Programa de Reparación Económica Individual (Prei). Reparaciones colectivas. Desde el inicio de su implementación hasta mediados del 2013, 1,892 comunidades han recibido algún proyecto u obra como reparación colectiva, lo que representa el 33% del total de comunidades inscritas en el Registro Único de Víctimas (5,697). El presupuesto destinado para este programa ha ido disminuyendo paulatinamente, desde 54 millones de nuevos soles en el 2009 hasta diez millones de nuevos soles en el 2013. Asimismo observamos que no se ha implementado ningún proyecto de reparación colectiva para grupos de desplazados. De otro lado, no existen mecanismos adecuados de acompañamiento ni monitoreo. Durante la supervisión realizada en el 2013 se constataron problemas de funcionamiento y/o sostenibilidad o escaso impacto de los proyectos. Un problema recurrente, especialmente en mujeres, es el desconocimiento sobre el origen y la naturaleza reparatoria de la obra o proyecto. Reparaciones Individuales. Respecto del programa de reparaciones económicas individuales, hasta junio de 2013 se ha entregado indemnizaciones a 29,392 benefi ciarios y benefi ciarias, es decir, al 37,2% del universo total (78,908). El Decreto Supremo Nº 051-2011- PCM, que dio inicio a este programa, tiene actualmente dos cuestionamientos: i) la disposición del cierre del RUV para los/as benefi ciarios/as al 31 de diciembre del 2011, que contradice el carácter inclusivo y permanente de dicho Registro; y, ii) el otorgamiento de un monto menor (S/. 10,000.00) al que se ha sido reconocido en otras medidas adoptadas por el Estado, afectando el principio de igualdad y no discriminación. En noviembre de 2011 la Cman adoptó un acuerdo para modifi car la norma en ambos extremos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado. Otro problema advertido es que los/as benefi ciarios/as que registran más de una afectación (5,195 casos) solo están recibiendo reparación económica por una sola víctima, desconociéndose el marco normativo del PIR que dispone la entrega de reparación por cada una de ellas. Según información brindada por el Consejo de Reparaciones, a marzo del 2013 han fallecido 3,587 benefi ciarios del Prei sin haber accedido a su derecho a la reparación. Otras reparaciones. La respuesta frente a las otras modalidades de reparación ha sido insufi ciente, pues solo una tiene lineamientos aprobados (educación). Asimismo, en materia de salud se ha incorporado a las víctimas a un programa social (Seguro Integral de Salud). En relación con las reparaciones simbólicas se da cuenta, principalmente, de actos públicos de reconocimiento y acompañamiento en la entrega de restos a familiares de víctimas desaparecidas. Los programas de vivienda y restitución de derechos no registran mayores avances. Educación. En el caso del programa de reparaciones en educación se registra a 146,733 benefi ciarios/as acreditados/as en el RUV que se encuentran a la espera del inicio de la ejecución de este programa que solo cuenta con lineamientos aprobados. Existen algunas universidades y centros de estudios que otorgan benefi cios a las víctimas directas, básicamente la reserva de vacantes. Asimismo, se ha creado una modalidad especial de Beca 18 (Repared) que, si bien constituye una iniciativa importante, tiene como limitación la exigencia de califi cación de los postulantes al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), por tratarse de un programa social. A la fecha se han otorgado 226 becas. De otro lado, existe una limitación adicional para acceder a los benefi cios en educación, pues solo las víctimas directas y los/as hijos/as de víctimas fallecidas, desaparecidas y producto de violación sexual son benefi ciarios/as de este programa, dejándose de lado a los/as hijos/as de otras víctimas. Esto desconoce que en la realidad la gran mayoría de personas benefi ciarias supera los 40 años (61%) y muchas de ellas prefi eren ceder su derecho a favor de su hijo/a. Ello requiere la modifi cación del artículo 18º del Reglamento PIR. Salud. En el ámbito de la salud, la atención a las víctimas de la violencia se ha dado a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, su inclusión en un programa social no puede ser considerada una forma de reparación, pues aquel no comprende en su totalidad la finalidad de un programa especial, presentándose el mismo problema que en educación, al solicitarse la clasifi cación del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Un aspecto a destacar es que en noviembre del 2012 el Ministerio de Inclusión Social determinó que dicha clasifi cación no debe ser considerada para la afi liación de las víctimas. Por ello, al mes de marzo de 2013, de 146,705 personas acreditadas en el RUV, 66,303 se encuentran afi liadas al SIS (45%). De otro lado, la Dirección de la Salud de las Personas del Ministerio de Salud (Minsa) informó que un total de 22,880 personas ha recibido atención en salud mental. Rol de los gobiernos regionales y locales. En términos generales, el balance respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de reparaciones a cargo de