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Pág. 7 SEPARATA ESPECIAL Lima, viernes 25 de mayo de 2001 A veces los funcionarios públicos vemos el Estado, desde dentro, como un grupo cerrado que debe tomar decisiones lejos del “mundanal ruido”. En esta perspec- tiva el poder del funcionario se basa en la ignorancia del ciudadano antes que en su propio conocimiento. Y entonces se escuchara decir “consultar al ciudadano es símbolo de debilidad”, “una autoridad regula, no con- sulta”. Por su lado, para los ciudadanos es Estado es como un agujero negro. No saben que es lo que pasa dentro. ¿Cómo se decide? ¿Quién decide? ¿Para qué decide? ¿Por qué decide así?. El Estado no solo actúa a sus espaldas, sino que lo excluye. Y ello le genera incertidumbre, temor, sensación de arbitrariedad. Esta actitud de falta de transparencia tiene resultados de los que hemos sido testigos de excepción en los últimos tiempos: ineficiencia, arbitrariedad, ejercicio abusivo del poder y, lo peor de todo, corrupción. El Gobierno de Transición está comprometido con crear un Estado abierto. Queremos funcionarios que basen su autoridad en lo que saben y no en la ignorancia de la ciudadanía. Queremos ciudadanos que no temen expo- ner lo que piensan hacer a la consulta del público por que tienen fe no solo en el tecnicismo de sus propuestas, sino que están en capacidad de escuchar nuevas pro- puestas. El Estado se debe al ciudadano y no el ciuda- dano al Estado. Un Estado que no escucha, que no esta dispuesto a confrontar ideas, se aleja de su verdadero rol. En ese contexto el haber abierto a discusión pública las medidas y dispositivos necesarios para desarrollar el mercado de valores es una forma de cumplir con ese reto. Un tecnicismo que no escucha pierde su razón de ser. Las propuestas son técnicas porque se dan para resolver problemas. Un proyecto consultado y procesa- do en atención a las observaciones planteadas permite a los legisladores reducir la duda sobre su conveniencia, porque es, a fin de cuentas, un proyecto más democrá- tico. Por eso, la consulta pública no se limita a la pre- publicación de la norma. Se extiende a la necesidad de recibir y procesar las observaciones, se extiende a discutir en foros académicos, gubernamentales y em- presariales, como los que se han y están llevando a cabo, las propuestas y confrontar la conveniencia de una medida sobre la otra, se extiende a permitir a todos los niveles de la sociedad, gremios, empresas, consumido- res, otras entidades del Estado, ciudadanos en general, convertirse en autores del cambio, y con ello sembrar en el país defensores de las reformas y gente convencida con su conveniencia. Esa es la nueva generación de reformas que impulsa el Gobierno de Transición y que el Sector Economía pone en práctica, la que se inspira en transparencia, la que se inspira en escuchar, la que hace que las cosas sean buenas no solo por que son técnicamente correctas, sino por que es producto de la consulta y el debate. II.La problemática del acceso al crédito en el Perú: una introducción Uno de los mayores obstáculos para desarrollar acti- vidad empresarial en nuestro país es el acceso a fuentes de financiamiento. En efecto, el crédito en el Perú es costoso y son pocas las empresas que pueden obtener tasas competitivas con el sistema bancario, y es menor aún el número de aquellas que pueden financiarse a través del mercado de valores. La gran mayoría de empresas peruanas que acceden a finan- ciamiento bancario deben pagar altas tasas de inte- rés, por lo que el retorno de su inversión se ve seriamente afectado. Esta limitación es más grave aún si reparamos que en un mundo globalizado nues- tras empresas deben competir con empresas extran- jeras que acceden a financiamiento en condiciones más favorables. Hay diversos factores que afectan el acceso a financia- miento. Identificar cuáles son estos factores y la aplica- ción de acciones concretas que permitan superarlos, contribuirá sin duda a revertir este contexto y permiti-rá acceder a las empresas a tasas de interés competiti- vas. Por ejemplo, la falta de competencia3 con otras fuentes alternativas de financiamiento podría hacer que aquellos que están en el negocio de prestar dinero (es decir, los bancos y financieras) no se vean lo suficien- temente incentivados a reducir sus costos de interme- diación y margen de ganancias para ofrecer tasas meno- res; más aun cuando los niveles de riesgo de crédito que presentan las empresas que buscan financiamiento son elevados debido a factores como, por ejemplo, la falta de ordenamiento contable, historia crediticia o posiciona- miento en el mercado. Adicionalmente, el riesgo de incumplimiento puede afectar también el costo de acce- so al crédito. Así, cuanto mayor sea la posibilidad para los bancos de recuperar el dinero que prestan, menor será el costo de prestar y menor la tasa de interés. Las tasas de financiamiento serán más competitivas en la medida que existan más alternativas de finan- ciamiento, es decir, más competencia. No obstante, el mercado de valores y el sistema bancario, como com- ponentes del mercado financiero, deben buscar siner- gia y complementariedad para a través de la reduc- ción de costos de transacción y de información contri- buir a una mayor y más eficiente acumulación de capital, y en consecuencia, al crecimiento económico de largo plazo. Si bien existen muchos factores que inciden en el costo del financiamiento, hay algunos que dependen en gran medida del marco legal aplicable. En efecto, un marco legal que promueva la competencia y, en consecuencia, la existencia de más fuentes de financiamiento que compitan entre sí, contribuirá de manera efectiva a reducir el costo del financiamiento. Lo mismo ocurre con el riesgo de incumplimiento. Un marco legal que promueva la transparencia y el flujo de información, que brinde seguridad en el cumplimiento de las obliga- ciones contractuales y la ejecución oportuna de garan- tías, que ofrezca un mecanismo efectivo de recupera- ción de deudas y de salida del mercado para empresas en problemas, contribuirá de manera importante a reducir el costo del financiamiento. Por otro lado, es necesario promover el desarrollo de un mercado secundario líquido que ofrezca a los inversionistas que participan en el mercado primario un mecanismo que les permita vender los valores adquiridos con anterioridad rápidamente. Sin el de- sarrollo de un mercado secundario, la demanda por títulos en el mercado primario de valores se vería mermada y se constituiría en un serio obstáculo para atraer inversión. En ese sentido, el Gobierno de Transición es consciente de la necesidad de diseñar e implementar las reformas que sean necesarias para que nuestro marco legal sea una herramienta eficiente para facilitar el acceso a financiamiento empresarial. Este objetivo abarca tres grandes áreas: i)impulsar el mercado de capitales como fuente alter- nativa de financiamiento; ii)rediseñar un sistema de garantías reales eficiente, que reduzca los costos de transacción y que permita una rápida y efectiva recuperación de los créditos; y, iii)contar con un sistema de reestructuración patri- monial que proteja al acreedor impago, permitien- do la reestructuración de empresas viables y la rápida salida del mercado de aquellas empresas no viables. 3La falta de competencia a que se hace alusión está referida a fuentes alternativas de financiamiento que compitan con el sistema bancario, y no a una supuesta falta de competencia dentro del mercado bancario. En este último caso, es claro, tal como lo señala Asbanc en sus comentarios al Documento de Trabajo, que desde hace una década el mercado bancario se desarrolla en un marco de libre competencia que hasta cierto punto ha contribuido a reducir las tasas de interés (Asbanc, comunicación de fecha 9 de mayo del 2001).