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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G38/G38/G32/G37/G39 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 2 de marzo de 2005 mente un retroceso en el proceso de descentraliza- ción del país" 80. Por tal motivo, sobre la base de los elementos ex- puestos supra, es posible analizar la cuestión concreta de la ley siguiendo los principios que sustentan la Cons- titución. §1. La distribución competencial 58. La competencia exclusiva de las regiones, según el demandante Refiriéndose al caso concreto, el demandante pro- pugna la tesis que la zona donde se instalará la ‘Plantade Licuefacción de Gas Natural provenientes de los ya- cimientos de Camisea’ corresponde al Gobierno Regio- nal de Lima, puesto que éste "tiene la competencia exclusiva de administrar y ad- judicar los terrenos urbanos y eriazos de administrary adjudicar los terrenos urbanos de propiedad del Estado, con excepción de aquellos de propiedad mu- nicipal ubicados en la jurisdicción de la Municipalidadde Lima" 81. 59. La ley cumple seis fines descentralizadores, según el demandado Más allá del problema limítrofe entre Lima e Ica, a través de la ley materia de la inconstitucionalidad, el de-mandante alega que ésta es correcta por los siguientes motivos: "a) A nivel político, la Ley Nº 28374 garantiza la uni- dad y eficiencia del Estado al establecer una adecua- da relación entre los gobiernos regionales que man-tienen conflictos de límites y permite canalizar las disputas por cauces institucionales, a fin de garanti- zar la formación de gobiernos regionales sólidos,como lo quiere el inciso d) del artículo 6 de la Ley Nº 27783. b) En el plano económico, permite la competitividadde las regiones al garantizar la disposición de la infra- estructura económica y social necesaria que pro- muevan la inversión. Permite la potenciación del fi-nanciamiento regional al conjurar una incertidumbre jurídica que impide la inversión a gran escala. c) En el plano administrativo, ofrece soluciones des-tinadas a otorgar garantías de los actos administrati- vos a fin de asegurar la provisión de los servicios públicos, pues en virtud del principio de las compe-tencias compartidas en materia de energía e hidro- carburos, el gobierno nacional mantiene la adminis- tración de los predios hasta que se dirime el conflictolimítrofe. d) Es democrática, porque establece compensacio- nes extraordinarias para el gobierno regional perjudi-cado, si una vez realizada la demarcación territorial, el terreno en disputa no es ubica en su jurisdicción. También porque el dinero que el gobierno nacionalrecibe por la venta de los terrenos que administra, son transferidos al gobierno regional que por la deli- mitación territorial aparece como propietaria de di-chos terrenos, con lo cual se da estricto cumplimien- to al inciso j) del numeral 1 del artículo 10 de la Ley Nº 27867.e) La ley contribuye al desarrollo integral y sostenible de regiones que tienen problemas de límites. f) La ley es equitativa, porque promociona la igualdadde acceso a las oportunidades de los sectores so- ciales ubicados en los límites fronterizos entre una región y otra" 82. 60. La competencia territorial y funcional Por tanto, se ha llegado a configurar la competencia sobre la base de atribuciones por el tipo de función (com- petencia de función), por el tipo de materias atribuidas (competencia ratione materiae ) y por el ámbito de terri- torio (competencia territorial)83. Entonces, sobre la base del doble juego de la re- gla de competencia, ésta existe principalmente so-bre la base de la ratione materiae y de la ratione territorii, lo cual motiva aceptar que una competencia regional"alcanza, en principio, hasta donde llega el territorio al que se extiende su jurisdicción y qué se detiene,justamente, en la frontera de dicho territorio" 84. Cabe señalar que efectivamente la distribución de competencias supone respuestas desiguales y varia- bles según el tiempo y lugar, ya que, "la vida económica y social, los factores militares y geográficos, todo ello influirá en la determinación de cada arreglo en particular" 85, mas este tipo de consideraciones debe entenderse en sus justos límites. Ello, en la medida que la definiciónconstitucional de las competencias, al dejar abierta su- perposiciones e interconexiones entre las distintas ins- tancias de gobierno, toma una serie de pautas jurídicasde interpretación, para evitar disfunciones en el desen- volvimiento del aparato público. 61. El test de la competencia Para determinar de manera correcta, qué competen- cia corresponde a cada órgano constitucional, el intér-prete debe remitirse a un test de la competencia86. En primer lugar se debe analizar el principio de uni- dad, ya estudiado supra. Luego, se debe pasar propia- mente al análisis del principio de competencia. A partir de este último, se debe utilizar tres fórmulas congruen- tes con la búsqueda de la certidumbre competencial, lasmismas que están relacionadas con la lista de materias (se refiere a la lista pormenorizada explicada en la Cons- titución y en el bloque de constitucionalidad) y las cláu-sulas generales (está relacionada con el reparto de fun- ciones generales entre los distintos órganos constitu- cionales 87): - Competencias exclusivas: Son materias asignadas en exclusividad a favor de organismos constitucionales,ya sea de manera positiva (de manera directa) o nega- tiva (si se impide su delegación). - Competencias compartidas: Son materias divididas en determinadas áreas de atención, repartiéndose res- ponsabilidades entre dos o más niveles de gobiernos, actividad coherente con la noción de cooperación entrelos organismos constitucionales autónomos 88. - Competencias concurrentes: Son materias que dan lugar a que dos o más órganos asuman funciones espe-cíficas comunes, existiendo una relación complementa- ria de tutela y control normativo. §2. Las competencias territoriales 62. El problema subsistente de la demarcación El terreno materia de disputa definitivamente se en- cuentra en su territorio en virtud de lo señalado por el ente central cuando explícitamente señala que debe es-tablecerse 8 0Acápite III.4.16 de la demanda de inconstitucionalidad (fs. 54 del Expediente). 8 1Acápite I.1.6.1 de la demanda de inconstitucionalidad (fs. 20 del Expediente). 8 2Acápite 3 de la contestación de la demanda (fs. 100, 101 del Expediente). 8 3GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Madrid, Tec- nos, 2002. Tom. 1, pp. 321, 322. 8 4GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón F ERNÁNDEZ. Curso de Derecho Administrativo. tom. 1, p. 276. 8 5FRIEDRICH. Gobierno Constitucional y Democracia. Madrid, 1975. tom. I. 8 6Sobre éste, M UÑOZ MACHADO, Santiago. Derecho Público de las Comunidades Autónomas. Madrid: Civitas, 1982. tom. I, pp. 318, ss.; P AREJO ALFONSO, Lu- ciano. La prevalencia estatal sobre el regional. Madrid, CEC, 1981, pp. 72, 73. 8 7VIVER I PI-SUNYER, Carles. Materias competenciales y Tribunal Constitucio- nal. La delimitación de los ámbitos materiales de las competencias en laJurisprudencia Constitucional. Barcelona, Ariel, 1989. p. 246. 8 8GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón F ERNÁNDEZ. Curso de Derecho Administrativo. Madrid, Cívitas, 1981. tom. 1, pp. 267, ss.