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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G38/G38/G32/G37/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 2 de marzo de 2005 ción que debe emprenderse a escala nacional se justifi- ca en relación con las posibilidades que ofrece el nivelregional o local. 52. La proporcionalidad en la determinación de subsidiariedad No obstante estas nociones generales, la subsida- riedad solamente tendrá validez constitucional si estáestrechamente vinculado a los principios de proporcio- nalidad y de necesidad que suponen que la acción del Estado no debe exceder lo que es necesario para lograrlos objetivos de la Constitución. Es decir, una materia solamente podrá ser asignada al gobierno más próximo a la sociedad si a partir delanálisis de la competencia discutida, esta concesión fa- vorece realmente a la población en un triple sentido: - el propósito de la asignación debe ser congruente con los fines de la Constitución, adecuándose la solu- ción concreta a los principios básicos de la descentrali-zación. - la solución arribada debe ser la más efectiva y ade- cuada admisible, pues tal prescindibilidad significa elegirentre las medidas posibles, la ‘más benigna’ - racionalmente, tal determinación de contenidos no debe afectar el funcionamiento de alguno de los gobier-nos existentes, por lo que se buscará la conveniencia constitucional del resultado al cual se llegue. 53. Correlación entre subdiariedad y unidad Como se ha venido señalando, la unidad estatal cons- tituye el fundamento de la organización y marcha de laestructura del Estado peruano. Respetando su conteni- do, existe una redistribución funcional y territorial. Es así como se subordina el principio de jerarquía normativa alde competencia: se reconoce la diversidad dentro de la discrecionalidad. A partir de un concepto como el de unidad estatal, se prevé una suerte de cláusula residual, que en caso de duda razonable sobre la titularidad de la competencia, ésta se determina a partir de un test de la competencia,la misma que será analizada infra, pero que se debe establecer a partir del bloque de constitucionalidad ( Vid. Acápite VI). Pero el criterio básico relacionado con launidad y las atribuciones nacionales, y su preferencia, es determinar si la materia es de interés general del Estado. Y esto es un elemento trascendente en la reso-lución del presente proceso de inconstitucionalidad. De todas formas, "hay que tener presente que no se trata solamente de acerca el gobierno a los administrados, con una descentralización puramente burocrática y adminis-trativa, sino que se trata de que los administrados puedan participar en las funciones de gobierno" 75. 54. Reversión de la subdiariedad por cercanía Como se ha podido analizar, la subsidiariedad está en íntima relación con la mayor cercanía del gobiernocon la población. Sin embargo, esta normatividad varía de lógica, cuando un interés mayor de la nación se en- cuentra involucrado en el caso concreto. Por tanto, ¿puede una empresa privada realizar una actividad de interés nacional y necesidad pública, que a la vez determine la calidad de una ley de carácter espe-cial? La respuesta no es absoluta. Cuando el Estado es el que realiza una actividad o presta un servicio público es mucho más fácil determi-nar la importancia estatal de su actividad. Es más, se presume esta calidad. Sin embargo, cuando es una en- tidad privada quien actúa, por más trascendencia quetenga su intervención, debe realizarse un estudio razo- nable de su diligencia a fin de determinar si su actividad cumple o no con el carácter de ‘interés nacional y nece-sidad pública’. Para llegar a determinar una respuesta correcta, en la doctrina se ha venido señalando que "no hay que confundir la organización de un servicio que normalmente se somete al Derecho público (nor-malmente y no siempre, pues cabe utilizar subroga- toriamente el Derecho privado) con su explotación, sometida al Derecho privado. La actividad económi-ca queda, por lo tanto, encuadrada dentro de la acti- vidad privada, con todas las consecuencias deriva-das de ello" 76. 55. El papel de la empresa privada en las plantas de gas licuado Tal como ya lo ha expresado claramente este Cole- giado supra, en este punto se debe dejar de lado la abstracción de la ley, permitiéndose analizar un caso concreto, según lo llegara a proponer la parte deman- dante77. Además se debe tomar cómo la Constitución es una norma jurídico-política y en tal sentido debe procu- rar el desarrollo de la nación y su bienestar general, al ser un fin primordial del Estado78. Según la actividad que cumple en el desarrollo del país, la actividad de la empresa Perú LNG, por más críticas que exista sobre su real solidez económica, esde interés nacional, y se subroga en el lugar del Estado para cumplir con una actividad que es necesaria para que el gas de Camisea pueda llegar a sus destinatariosreales: la población peruana. No obstante lo señalado, el Gobierno Nacional debe tomar todas las providencias del caso para asegurarsesobre la estabilidad financiera de la mencionada empre- sa, a fin de que la nación no se vea perjudicada con una inversión inadecuada o desproporcionada con la magni-tud de la obra requerida, y que ha creado tanto interés en la población. 56. La finalidad de mantener la substancia del Estado Pese a existir la subsidiariedad, se puede asumir que en un gobierno unitario existe una presunción de com- petencia a favor del Gobierno Nacional, a diferencia de lo que sucede en el Gobierno Federal, donde la presun-ción de la titularidad de las competencias reside en los gobiernos de cada Estado federado. El interés público nacional es la pauta que guía la relación entre unidad y subsidiariedad. Es así que la cercanía como base de la subsidiariedad se revierte en el ámbito del interés nacional, y esto es lo que se debeanalizar para determinar la validez o no de una ley como la 28374, que se autoproclama como seguidora de tal fin. C. E L REPARTO DE COMPETENCIAS 57. La verdadera magnitud de los efectos de la ley La unidad estatal y la descentralización están inte- gradas en la Constitución y las leyes que la desarrollan, permitiendo que la población sea la favorecida con miras al bienestar general de la población. De esta forma, "es la aplicación armónica de dichos principios la que permite al Estado cumplir con uno de sus deberesprimordiales; a saber, ‘la promoción del desarrollo in- tegral y equilibrado de la Nación’ (artículo 44º de la Constitución)" 79. Sin embargo, para el demandante "sustentar la validez constitucional de una norma se- mejante como la cuestionada, es generar implícita- 7 5BLASCO DÍAZ, José Luis. Ordenanza Municipal y ley. p. 54. 7 6GARCÍA-TREVIJANO FOS, J. A. Aspectos de la Administración Económica. En: Revista de la Administración Pública. Madrid, Nº 12, 1953. p. 32. 7 7Intervención del apoderado de los demandantes en la Audiencia del día 15 de febrero del 2005. 7 8Sobre estos cometidos, tal como ya se ha expresado, revisar, artículo 44 de la Constitución. 7 9Sentencia del Expediente Nº 0012-2003-AI/TC, Gobierno Regional de Tacna,fund. 3.