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PÆg. 236532 NORMAS LEGALES Lima, sábado 4 de enero de 2003 1993, fecha en que fue sustituida por la actual Constitu- ción, conforme a su Decimosexta Disposición Final y Tran- sitoria. Sin embargo, ello no es óbice para que los agentes de los actos de fuerza y los principales funcionarios delGobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional no sean pasibles de ser juzgados por los ilícitos penales que hayan perpetrado, sin mengua de que el Congreso de laRepública pueda decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todos o de parte de los bienes de esas mismas personas yde quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpa- ción para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. En ese contexto, se dictaron los decretos leyes impug- nados. Tales actos emanados del gobierno de facto enca- bezado por el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, fueronconvalidados, posteriormente, por el Congreso Constitu- yente Democrático, así como el referéndum del 31 de octu- bre de 1993, y sucesivos procesos electorales, de cuyatransparencia, el Tribunal Constitucional, en este proceso, no se pronuncia. II. La separación y la usurpación de poderes 4. De acuerdo con la Ley de Bases de la Constitución, de 17 de diciembre de 1822, el Perú se organizó como República con sujeción al principio de separación de pode- res. Sin embargo, la agitada y dramática realidad de nues-tra patria acredita también que, en casi dos terceras partes de su vida independiente, fue gobernada por regímenes emanados del golpe militar o del fraude electoral. 5. En los últimos cien años, se han advertido los si- guientes hechos, que conspiran contra aquel principio: a) El 4 de febrero de 1914, el Congreso de la República “Tributa un voto de aprobación y de gratitud pública al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, coronel don ÓscarR. Benavides, a los jefes y oficiales y a los soldados todos del Ejército y de la Armada que les han secundado en el restablecimiento del orden institucional, por su conducta yabnegación en los acontecimientos que han puesto térmi- no a la reciente dictadura”, y nombra una Junta de Gobier- no integrada por los señores Óscar R. Benavides, J. Ma-tías Manzanilla, Arturo Osores, José Balta, Rafael Grau y Benjamín Boza, que el mismo día es reemplazada por la Presidencia Provisoria del coronel Óscar R. Benavides,según la Resolución Legislativa Nº 1858. b) El 4 de julio de 1919, el electo Presidente de la Re- pública, Augusto B. Leguía, depone al Presidente JoséPardo y Barreda; e instaura un gobierno de facto, denomi- nado Gobierno Provisional, y convoca a elecciones de una Asamblea Nacional. c) Dicha Asamblea, efectivamente, por Ley Nº 3083, de 25 de setiembre de 1919, aprueba “todos los actos practi- cados por el Gobierno Provisional para hacerse cargo delPoder, para convocar al pueblo al plebiscito nacional y para conservar el orden”. d) Sin sujeción a la Carta Política de 1920 y para dar término al oncenio de Leguía, un autodenominado gobier- no revolucionario inició su gestión con el Decreto Ley Nº 6874, de 2 de setiembre de 1930, y concluyó con el Decre-to Ley Nº 7475, de 25 de noviembre de 1931. e) Como consecuencia del golpe militar del 27 de octu- bre de 1948, violando la misma Carta de 1933, se dictaronlos Decretos Leyes Nºs. 10889 a 11488, validados por la Ley Nº 11490, de 28 de julio de 1950. f) Luego del golpe militar del 18 de julio de 1962, bajo la nominal vigencia de la propia Constitución de 1933, se ex- pidieron los Decretos Leyes Nºs. 14167 a 14627. g) Transgrediendo la Constitución Política de 1979, con el golpe de Estado de 5 de abril de 1992, se rompió el sis- tema democrático mediante el Decreto Ley Nº 25418 y concluyó con el Decreto Ley Nº 26162. h) Los Decretos Leyes dictados por el autodenominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” fue- ron validados por la llamada Ley Constitucional de 9 deenero de 1993. 6. En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que los Decretos Leyes impugnados tienen origen ilegíti- mo; pero han sido y siguen siendo aplicados. Su expedi- ción se realiza cada vez que se ha quebrado el orden cons-titucional, esto es, bajo un régimen de facto. Son normas que se introducen con violación del ordenamiento señala- do en la Constitución. Es decir, se trata de actos de gobier-no que, por su propia naturaleza, son dictados en oposi- ción a las normas constitucionales que disciplinan el ejer- cicio de la función legislativa. III. La legislación antiterrorista 7. El Congreso de la República delegó facultades legis- lativas en el Presidente de la República mediante la Ley Nº 23230, publicada el 15 de diciembre de 1980, de conformi- dad con lo dispuesto en el artículo 188º de la ConstituciónPolítica de 1979. En uso de esa atribución constitucional delegada fue expedido el Decreto Legislativo Nº 46, de 10 de marzo de 1981, por el cual se establecieron severassanciones para quienes, con propósito de intimidación, al- terasen la paz interna o el orden público empleando explo- sivos o bombas hasta llegar al extremo de poner en peligrola vida o la salud de las personas o causarles la muerte. Dicho Decreto Legislativo sustituyó al Decreto Ley Nº 20828 y tuvo por objeto “acondicionar las normas represivas yprocesales a los principios del Derecho Procesal Liberal, que garanticen una justa aplicación de la Ley punitiva, con mayor razón cuando la República ha retornado irrenuncia-blemente al cauce de su vida constitucional y democráti- ca”. 8. Diez años después, también por delegación de fa- cultades legislativas al Presidente de la República, a tra- vés de la Ley Nº 25280, publicada el 30 de octubre de 1990, se promulgó el Código Penal, mediante el DecretoLegislativo Nº 635, de 3 de abril de 1991, en cuyos artí- culos 319º a 324º se tipificó el delito de terrorismo en sus diversas modalidades. Estas normas, por lo tanto, sustitu-yeron a las que contenía el Decreto Legislativo Nº 46. Cuando el Código Penal cumplía un año de vigencia, se produjo el golpe de Estado de 5 de abril de 1992 que,mediante los cuatro Decretos Leyes materia de esta de- manda de inconstitucionalidad, abrogaron la legislación precedente. IV. El control de constitucionalidad de los Decretos Leyes expedidos con anterioridad a la Constitución de1993 9. Los Decretos Leyes aluden a disposiciones de natu- raleza jurídica sui géneris dictadas por un poder de facto que ha reunido para sí -contra lo establecido en el ordena- miento constitucional- las funciones parlamentarias y eje-cutivas. Se trata de disposiciones surgidas de la voluntad de operadores del órgano ejecutivo que carecen de título que los habilite para ejercer la potestad legislativa, las mis-mas que, con prescindencia de las formalidades procesa- les establecidas en la Constitución, regulan aspectos re- servados a la ley. Son, pues, expresiones normativas deorigen y formalidad espurios, que, empero, se encuentran amparadas en la eficacia de una acción de fuerza. 4.1. El problema de la vigencia de los Decretos Le- yes 10. El tema del reconocimiento, aplicabilidad y exigibili- dad del cumplimiento de los Decretos Leyes es observa- do, según la doctrina, en función del “tiempo político” quese vive dentro de una comunidad política. En ese sentido, se plantean dos problemas: la vigencia de los Decretos Leyes durante la existencia de un gobierno de facto y lavigencia y validez de los Decretos Leyes al restaurarse el Estado de Derecho. Como es obvio, corresponde detener- se en el análisis del segundo caso. 11. La doctrina establece que durante el período que sigue a la desaparición de un gobierno de facto, la vigencia de los Decretos Leyes se procesa de conformidad con lateoría de la caducidad, la teoría de la revisión o la teoría de la continuidad. 12. La teoría de la caducidad -que plantea que una vez restaurado el Estado de Derecho, dichas normas dejan ipso facto de tener vigencia- no ha tenido aceptación en nues- tro país; al extremo de haber sido utilizada una sola vez, através de la ley del 20 de diciembre de 1895, que declaró inexistentes los actos gubernativos y las leyes aprobadas durante el período 1894-1895. 13. En cambio, la teoría de la continuidad utilizada en amplios momentos de nuestra historia y la teoría de la revi- sión son las que han permitido afrontar el delicado proble-ma de la vigencia de los Decretos Leyes. Según la teoría de la continuidad, los Decretos Leyes perviven o mantienen su vigencia -surtiendo todos los efec-