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NORMAS LEGALESEl Peruano jueves 20 de julio de 2006 324363REPUBLICADELPERU invalidez en acto de servicio o como consecuencia de éste del personal policial o militar. 33. Asimismo, mediante la Ley Nº 24522, modificada por la Ley Nº 24796, se creó el Seguro Obligatorio deRiesgos Profesionales para periodistas que laboren dentro del régimen laboral privado o público, mediante el que se otorga un seguro por invalidez permanente o muerteocurrida a consecuencia del desempeño de sus labores, y que corresponde ser contratado por el empleador a favor del trabajador a partir del inicio de la relación laboral;producida la contingencia, el capital de la póliza se otorga a los beneficiarios en forma inmediata, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 021-86-TR. 34. De lo expuesto queda claro que los seguros obligatorios como fórmulas legislativas en materia de responsabilidad extracontractual vienen a ser mecanismospreventivos frente a la producción de daños y perjuicios previstos por las normas correspondientes, y que resultan eficientes frente al resarcimiento inmediato –total o parcial–de los mismos. § El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 35. Como hemos visto, el sistema de seguros obligatorios de responsabilidad civil se viene aplicando en nuestro ordenamiento jurídico en materias determinadas en la normas correspondientes. El primer antecedentelegislativo registrado se encuentra en el proyecto de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936, mediante el cual se propuso introducir el sistema de segurosobligatorios a través del artículo 1988º, que establecía que "La Ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio, las personas que deben contratar laspólizas y la naturaleza, límites y características de tal seguro." 36. En materia de seguros obligatorios para daños producidos como consecuencia de accidentes de tránsito,el primer antecedente legislativo regulado se encuentra en el Capítulo III del Título IV del Código de Tránsito y Seguridad Vial –Decreto Legislativo Nº 420–, en el que seestableció la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros para vehículos que prestaran servicios públicos o privados de transporte, incluyéndose a los de transporte escolar, afin de cubrir la responsabilidad civil derivada de daños ocasionados por vehículos automotores. Sin embargo, tales disposiciones no fueron materia de reglamentaciónposterior. 37. Con la expedición de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181, y del Reglamento Nacionalde Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito –aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC– se creó el sistema de responsabilidadcivil aplicable a los daños ocasionados por accidentes de tránsito, el cual tiene por objeto cubrir a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufranlesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito. 38. Sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, Manuel Broseta Pont comenta que el considerableaumento del parque de automóviles y el aumento de la densidad de la circulación viaria, han convertido el uso y la circulación de los vehículos de motor en un verdaderopeligro social (estado de riesgo) para los automovilistas y para quienes sin serlo son sus frecuentes víctimas, peligro que ha inducido en casi todos los países (...) a imponerindividualmente a todo titular o conductor de un automóvil la obligación de estipular un seguro que cubra, en forma total o parcial, los daños que su circulación pueda generara los terceros, de los que sus conductores sean jurídicamente responsables. El seguro obligatorio de automóviles así introducido, beneficia a las víctimas, alasegurarles una indemnización, aunque el conductor responsable sea insolvente o no sea hallado; beneficia al conductor responsable, pues elimina el gravamen que sobreun patrimonio representa la obligación de indemnizar a la víctima; y, en definitiva, crea una situación colectiva de cobertura que beneficia a todos. 39. Por otra parte, en la STC Nº 2736-2004-PA/TC, este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la finalidad del Seguro Obligatorio de Accidentesde Tránsito (SOAT), la que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 30º de la Ley Nº 27181, tiene como propósito proteger los derechos fundamentales a la vida, a laintegridad personal y a la salud, reconocidos en el inciso 1) del artículo 2º y en el artículo 7º de la Constitución, respectivamente. De otro lado, tal como se advierte de losDecretos Supremos Nºs. 049-2000-MTC y 024-2002-MTC, que lo regulan –en especial los artículos 14º de ambos– el seguro ha sido configurado como una medida idónea y pronta para otorgar debida protección a los referidosderechos fundamentales. 40. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tiene pues, por objeto, asegurar el pago de unmonto dinerario ante los supuestos de lesiones o muerte ocasionadas por tales accidentes, tanto así, que el numeral 14º del Decreto Supremo Nº 049-2000-MTC que lo reguladispone que el pago de los gastos e indemnizaciones del seguro se hará sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna, bastando la sola demostración delaccidente y de las consecuencias de muerte o lesiones que éste originó a la víctima, independientemente de la responsabilidad del conductor, propietario del vehículo oprestador del servicio, causa del accidente o de la forma de pago o cancelación de la prima, lo cual deberá constar expresamente en el contrato de la póliza de seguro. 11 § El SOAT y la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y la libertad de contratar 41. El recurrente alega que el artículo 30º de la Ley Nº 27181 vulnera la libertad de contratación y promueve lacreación de prácticas monopólicas, toda vez que la Ley Nº 26702 exige como uno de los requisitos para la constitución de empresas de seguros un capital de tres ymedio millones de nuevos soles, que sólo puede ser cubierto por las grandes aseguradoras, agregando que, por ello, la adquisición del citado seguro resulta oneroso para larealidad de las distintas ciudades del país. 42. Sobre el particular, corresponde a este Colegiado analizar, de un lado, el hecho de que mediante lacuestionada disposición se presente una posible afectación a la libertad de empresa, debido a que sólo sociedades con grandes capitales pueden acceder a la creación deempresas aseguradoras y, por ende, para ofertar pólizas del SOAT; y, por otro, que como consecuencia de dicha exigencia se promueva la creación de monopolios enperjuicio de los propietarios de vehículos automotores para la contratación de las pólizas de seguros, lo que supondría una afectación a la libre iniciativa privada y a la libertad decontratación. 43. En este punto, y siguiendo la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal, resulta oportuno reiterar loexpuesto en anteriores pronunciamientos respecto de los derechos a la libre iniciativa privada, a la libertad de empresa y a la libertad de contratación. 44. Así, este Tribunal ha establecido que otro principio que informa a la totalidad del modelo económico es el de la libre iniciativa privada , prescrito en el artículo 58º de la Constitución y que se encuentra directamente conectado con lo establecido en el inciso 17) del artículo 2º del mismo texto, el cual consagra el derecho fundamental de todapersona a participar, ya sea en forma individual o asociada, en la vida económica de la Nación. De ello se colige que toda persona natural o jurídica tiene derecho a emprendery desarrollar, con autonomía plena, la actividad económica de su preferencia, afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio económicocon la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material. La iniciativa privada puede desplegarse libremente en tanto no colisione los intereses generales de la comunidad, loscuales se encuentran resguardados por una pluralidad de normas adscritas al ordenamiento jurídico; vale decir, por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes sobrela materia. 12 45. Por otra parte, la libertad de empresa , consagrada por el artículo 59º de la Constitución, se define como lafacultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios, para satisfacer la demanda de losconsumidores o usuarios. Tiene como marco una actuación económica autodeterminativa, lo cual implica que el modelo económico social de mercado será el fundamento de suactuación y, simultáneamente, le impondrá límites a su 11Cfr. STC Nº 2736-2004-PA/TC, Fundamento Nº 8. 12Cfr. STC Nº 0008-2003-AI/TC, Fundamentos N.os 17 y 18.