TEXTO PAGINA: 100
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G31/G38/G37/G36/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 13 de mayo de 2006 Tribunal que así lo declarase (artículo 204º de la Constitución), quedando impedida su aplicación a los hechos iniciadosmientras tuvo efecto, siempre que estos no hubiesen concluido, y, en su caso, podrá permitirse la revisión de procesos fenecidos en los que fue aplicada la norma, si esque ésta versaba sobre materia penal o tributaria (artículos 36º y 40º de la Ley Nº 26435 —Orgánica del Tribunal Constitucional). 81 59. De lo expuesto se colige que el principio de jerarquía es el único instrumento que permite garantizarla validez de las normas jurídicas categorialmente inferiores. Ergo, la invalidez es la consecuencia necesaria de la infracción de tal principio. Los requisitos para que una norma pueda condicionar la validez de otra, imponiéndose jerárquicamente, son los siguientes: a) Relación ordinamental La prelación jerárquica aparece entre normas vigentes en un mismo ordenamiento constitucional. b) Conexión material La prelación jerárquica aparece cuando existe un enlace de contenido, objeto o ámbito de actuación entre una norma superior y otra categorialmente inferior. c) Intersección normativa. La prelación jerárquica aparece cuando la legítima capacidad regulatoria de una norma contraría al mandato u ordenación de contenidos de otra norma. En efecto, para que una norma categorialmente superior cumpla su función, es vital que no pueda ser desvirtuada por aquella cuya producción regula. En resumen el principio de jerarquía implica la determinación por una norma de la validez de otra, de allí que la categorialización o escalonamiento jerárquico sepresente como el único modo posible de organizar eficazmente el poder normativo del Estado. 60. El principio de jerarquía opera en los ámbitos siguientes: a) La creación de las normas. b) La abrogación o derogación de las normas. c) La aplicación de las normas. El principio de jerarquía y el principio de competencia (que se abordará posteriormente) se complementan paraestructurar el orden constitucional, definiendo las posibilidades y límites del poder político. Como bien señala Fernández Segado, la pirámide jurídica implica la existencia de una diversidad de normas entre lasque se establece una jerarquización, de conformidad con la cual una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ello, a su vez, implica que elordenamiento adopte una estructura jerarquizada, en cuya cúspide obviamente se sitúa la Constitución. 82 Ello denota la existencia de una clara correlación entre la fuente de la que emana una norma, la forma que ésta ha de adoptar y su fuerza jurídica. El precepto que regula la producción normativa de un país es una norma superior; mientras que la producida conforme a esa regulación es la norma inferior. En toda estructura jerárquica existen tres tipos de normas, a saber, las normas productoras, las normas ejecutoras y las normas ejecutoras-productoras. Al respecto, veamos lo siguiente: Las normas productoras , en un sentido muy amplio, son aquellas que revelan la expresión y ejercicio de un poder legislativo (originario o derivado), que promueven y condicionan la expedición de otras normas a las cualesse les asigna una jerarquía inferior. Es el caso de la Constitución y de buena parte de las leyes. Las normas ejecutoras son aquellas que dan cumplimiento a lo dispuesto o establecido en una norma productora. Tal el caso de las resoluciones. Las normas ejecutoras-productoras son aquellas querealizan ambas tareas simultáneamente. Tal el caso de una buena parte de las leyes y los decretos. 61. La pirámide jurídica nacional debe ser establecida en base a dos criterios rectores, a saber: a) Las categorías Son la expresión de un género normativo que ostenta una cualificación de su contenido y una condición preferente determinada por la Constitución o por sus normas reglamentarias. Ellas provienen de una especie normativa; es decir, aluden a un conjunto de normas de contenido y valor semejante o análogo (leyes, decretos, resoluciones, etc.). b) Los grados Son los que exponen una jerarquía existente entre las normas pertenecientes a una misma categoría. Tal el caso de las resoluciones (en cuyo orden decreciente aparecen las resoluciones supremas, las resolucionesministeriales, las resoluciones viceministeriales, etc.) En nuestro ordenamiento existen las siguientes categorías normativas y sus subsecuentes grados: Primera categoríaLas normas constitucionales y las normas con rango constitucional 1er. grado : La Constitución. 2do. grado : Leyes de reforma constitucional.3er. grado : Tratados de derechos humanos. Al respecto, cabe señalar que el artículo 206º de la Constitución es la norma que implícitamente establece la ubicación categorial de las denominadas leyes constitucionales. De allí su colocación gradativamenteinferior en relación a la Constitución en sí misma. Segunda CategoríaLas leyes y las normas con rango o de ley. Allí aparecen las leyes, los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, el Reglamento del Congreso, las resoluciones legislativas, las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales y las sentenciasexpedidas por el Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley. En atención a los criterios expuestos en el caso Marcelino Tineo Silva y más de cinco mil ciudadanos [Expediente Nº 0010-2002-AI/TC] los decretos leyes seencuentran adscritos a dicha categoría [cf. los párrafos 10 y ss. de dicha sentencia] Tercera categoría Los decretos y las demás normas de contenido reglamentario. Cuarta categoríaLas resoluciones. 1er. grado: Las resoluciones ministeriales, las resoluciones de los órganos autónomos no descentralizados (BancoCentral de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo, etc.). 81 Caso Colegio de Abogados del Cusco y otros, Exps. Nºs. 0004-2004-AI/TC, 0011- 2004-AI/TC, 0012-2004-AI/TC, 0013-2004-AI/TC, Nº 0014-2004-AI/TC, 0015-2004- AI/TC, Nº 0016-2004-AI/TC y 0027-2004-AI/TC (acumulados), fundamento 2. 82 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El sistema constitucional español . Madrid: Dykinson, 1992, p. 96.