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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, lunes 8 de enero de 2007 337220 El apetito de poder y el enriquecimiento de los que lo ejercían, fueron factores determinantes para que el Congreso dictara la Ley Nº 5867, de 4 de octubre de 1927, por la que se modi fi có, de nuevo, tal artículo 113, a fi n de que El Presidente durará en su cargo cinco años y pueda ser reelecto. Como Leguía tenía el absoluto control de la Corte Suprema, a la que correspondía declarar la validez de las elecciones (y lo hacía sin dudas ni murmuraciones) inició su tercer período presidencial. Comenta Pareja Paz Soldán (“Las Constituciones del Perú”, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1954, pág. 911), que El período presidencial hasta 1920 fue de cuatro años. La Constitución del citado año lo aumentó a cinco. Tendría escasa importancia la diferencia de un año, sino fuese por la necesidad de igualar el período del Presidente con el de la Cámara de Diputados, que, en nuestra opinión, no debe pasar de cuatro años. La prolongación de los gobiernos y los Congresos por períodos más extensos provoca la impaciencia de los vencidos en las elecciones y los incita a la revuelta. Abolida la renovación bienal, que daba esperanzas de recobrar, al menos parcialmente, posiciones perdidas y aplazadas las expectativas de los derrotados hasta la época más lejana de la renovación total de la Cámara, es de temerse, si ese momento se aleja demasiado, que se ponga a peligrosa prueba la escasa serenidad con que los excluidos soportan su derrota. Las elecciones generales cada cuatrienio son un correctivo a la enfermedad de las revoluciones. Si aumentar de cuatro a cinco años el período presidencial no tenía mucha importancia, no se puede afi rmar lo mismo respecto del propósito de Leguía de gobernar quince años y, de ser posible, más tiempo. Disponía del respaldo de la cúpula militar y de un grupo de rábulas. Pero eso no era, ni fue, su fi ciente. La revolución de Arequipa de 1930 Estaba, por lo tanto, el país anheloso del cambio -negado en las urnas- por la vía de la revolución. Y se produjo en Arequipa. Basadre (“Historia de la República del Perú, “Editorial Universitaria, tomo XIII, pág. 381) explica resumidamente que En marzo de 1930 se produjo el ascenso del mayor Luis M. Sánchez Cerro al grado de comandante. Si son auténticas las memorias de Leguía publicadas con el título de Yo tirano, yo ladrón , él vaciló antes defi rmar la resolución pertinente, pero le dieron toda clase de seguridades Foción A. Mariátegui, el general Manuel María Ponce y el propio Sánchez Cerro, no obstante que por dos veces habíase éste embarcado antes en aventuras subversivas. Una vez ascendido, el nuevo comandante obtuvo un mando en Arequipa. Poco después Foción A. Mariátegui viajó a esa ciudad con el pretexto de tomar unos baños termales. Allí, según la misma publicación, celebró varias entrevistas de carácter sedicioso con su protegido, con otros militares y con varios civiles. Leguía tuvo un aviso telegrá fi co sobre lo que ocurría; pero se negó a creer en tan inesperada denuncia, sobre todo cuando recibió un telegrama adulatorio del personaje sospechoso. “Después de estos sucesos (léese en Yo tirano, yo ladrón ) volvió N. N. (Mariátegui) a Lima y, como de costumbre, inquirí en su mirada, en sus actos y en sus movimientos el vestigio de su pasado, quise arrancarle un rayo de luz que aclarara su auténtica condición de traidor o servidor sincero y noble. Pero, para decir la verdad, nada adiviné, tal era la con fi anza que me inspiraba por su doble rol de pariente y amigo.” Leguía a fi rma que, según los empleados de la Embajada de Chile donde se asiló Mariátegui en agosto de 1930, éste preguntaba reiteradamente si le habían llamado de Palacio pues debía presidir la Junta de Gobierno; y agrega que no fue tan cruelmente perseguido y ultrajado como los demás leguiístas y que se le permitió en un breva plazo abandonar el país rodeado de toda clase de garantías. Todos estos argumentos no re fl ejan sino sospechas o indicios; no han sido presentadas todavía las pruebas fehacientes de la traición de Foción Mariátegui, si bien la gran mayoría de leguiístas lo acusan. La guarnición de Arequipa, al mando del comandante Luis M. Sánchez Cerro se sublevó el 22 de agosto de 1930, con el MANIFIESTO A LA NACIÓN El pronunciamiento que acaba de efectuarse en Arequipa no es la obra de un partido ni la hazaña de un grupo, ni la audiencia de un caudillo; es la expresión genuina de un anhelo nacional, fervorosa y unánime, largo tiempo reprimido por la Tiranía; pero convertido hoy al fi n en realidad. Hace mas de once años que sufre el Perú, los crecientes desmanes de un régimen corruptor y tiránico en el que se aúnan la miseria moral y la protervia política. Dentro y fuera del país, dejan las huellas de sus atropellos y de sus villanías. En el orden constitucional ha roto la Carta política, erigiendo en ley suprema la voluntad despótica de un hombre y haciendo del Parlamento un hato de lacayos sumisos y voraces. Desde el punto de vista administrativo, se esmera en desvincular las regiones con desatinadas medidas de exacerbante señorialismo en daño de la unidad de la República. En el orden económico ha destrozado nuestras fi nanzas y elevado nuestra deuda externa de 80 a 600 millones de soles, poniéndonos a merced de prestamistas extranjeros, hipotecando así nuestra independencia económica, con inminente peligro de la soberanía nacional. En el orden tributario agobia al pueblo, con lesivos impuestos, desproporcionados e injustos, recargando los derechos arancelarios, aumentando considerablemente las contribuciones urbanas y rústicas, creando odiosos monopolios, todo inspirado no por una patriótica previsión y sana fi nalidad, sino con el sarcástico objeto de disfrutar impúdicamente de las entradas en reunión de sus adeptos. En el aspecto institucional ha desorganizado e infi cionado en vez de organizar... privó de su independencia al Poder Judicial; desacatando sus resoluciones y desprestigiándolo, con la introducción de elementos políticos ineptos, sobornados o sobornables, socavándole, por tanto su autoridad moral, para amparar la libertad y hacer la justicia. Ha convertido los Municipios en agencias gubernativas, usurpando al pueblo la libertad de elegir... Ha sometido la enseñanza superior a un régimen retrógrado y rastrero, cortando el vuelo al pensamiento en las Universidades, hoy orientadas hacia un fi ngido practicismo, reservando a autoridades o fi ciales el control de la censura de las doctrinas y la selección banderizada del magisterio superior, como en los tiempos del coloniaje. En cuanto al orden individual restringe los derechos ciudadanos, niega la libertad e intenta engañar a la opinión pública con oprobiosas manifestaciones de asalariados, pretendiendo encanallar al pueblo, procurándole el halago de la delación remunerada sometiéndolo, momentáneamente a un condenable tributo de muni fi cientes regalos y elevando la adulación a rango de virtud nacional. ¿Acaso se permite hoy en el Perú, la libre expresión del pensamiento? No. Los órganos de la prensa nacional se encuentran amordazados, o envilecidos, porque el Gobierno los ha convertido en voceros parcializados de sus actos y defensores abyectos y venales de sus atentados. Y en frente del Ejército- la nobilísima institución del país ha organizado preconcebidamente una policía mimada y jactanciosa salvo contadas excepciones- instrumento del terror para el ciudadano, a quien coacta sus derechos trasmitiéndola de su función privativa, pretende convertirla en fuerza sustitutoria del Ejército; es decir, del único e fi caz guardián de la honra nacional y de la integridad territorial, dando razón para creer que los países que se hipotecan en alguna forma no son dignos de tener ejércitos, sino guardias pretorianas rentadas para defender a sus amos. Como digno remate de esta serie de ignominias, acaba de ofrecer al extranjero, con nuestras zonas petroleras