Norma Legal Oficial del día 26 de abril del año 2018 (26/04/2018)
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TEXTO DE LA PÁGINA 14
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Objetivos específicos Nº 38. 39.
NORMAS LEGALES
Acciones
Jueves 26 de abril de 2018 /
El Peruano
40.
2.3. Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
2.4. Fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública
49.
50.
Fortalecer el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado a fin de promover y garantizar la supervisión estratégica basada en la gestión de riesgos, la optimización del proceso de contratación pública y la transformación digital de la institución. Modernizar las plataformas tecnológicas del OSCE garantizando información desagregada de las contrataciones de bienes, servicios y obras que los proveedores hayan realizado con el Estado Establecer a nivel de las entidades públicas mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los procesos de contratación pública, examinando información consignada por las personas naturales y jurídicas que contratan con la entidad. Esta supervisión deberá contar con el asesoramiento técnico del Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que deberá registrar las incidencias detectadas en los procesos de identificación de riesgos. Fortalecer la Central de Compras Públicas (Perú Compras), para asegurar su autonomía y especialización suficiente de manera tal que cumpla con su función de estandarización de bienes y servicios de consumo regular a nivel de las entidades públicas que conlleve al proceso de centralización gradual de las compras corporativas. Implementar en las entidades públicas programas permanentes de desarrollo de capacidades vinculadas a los procesos de contrataciones públicas para fortalecer la gestión del conocimiento, con el asesoramiento de OSCE Fomentar la implementación de programas de prevención o compliance contra la corrupción y otras prácticas cuestionables en el sector empresarial independientemente del tamaño de la empresa y el rubro de negocio, asegurando la reglamentación de la Ley 30424 y su modificatoria. Desarrollar y aprobar una política y plan nacional de infraestructura que garantice transparencia y predictibilidad en las decisiones públicas y privadas respecto al desarrollo de las obras emblemáticas a ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo. Fortalecer los procesos de planificación, programación y priorización de las carteras de proyectos de infraestructura económica (transporte, infraestructura de riego, energía, vivienda y saneamiento) para maximizar los impactos y la rentabilidad social, así como reducir los riesgos de la corrupción Revisar la normativa de las asociaciones público-privadas a efectos de garantizar competencia, prohibir las excepciones en grandes obras y garantizar los estudios de ingeniería en detalle. Establecer un marco normativo para el desarrollo de la vigilancia ciudadana de la gestión pública Desarrollar una metodología específica de identificación y gestión del riesgo de corrupción, que incluya actividades de mapeo y evaluación adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y responder eficazmente a la corrupción. Sistematizar y analizar la información de los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a hechos de corrupción a través de la plataforma del REPRAC (Registro de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Vinculados a Actos de Corrupción) para producir recomendaciones de mitigación de riesgos. Fortalecer la simplificación administrativa en la administración pública a través del diseño e implementación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) y la consolidación del Análisis de Calidad Regulatoria de los trámites y los procedimientos administrativos estandarizados
EJE 3. Capacidad Sancionadora del Estado Frente a los Actos de Corrupción
Objetivos específicos Nº Acciones
Consolidar el marco normativo penal a efectos de evitar toda laguna de impunidad a través de: i) ampliación de los supuestos de 51. separación de la función pública de condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; ii) tipificación del delito de corrupción privada; y, iii) simplificación del procedimiento de extradición. 52. Consolidar el registro nacional de sanciones contra servidores civiles, incluyendo a las fuerzas armadas y policiales. 53. Reglamentar la Ley 30424 y su modificatoria sobre la responsabilidad de personas jurídicas. Fortalecer el sistema de justicia penal anticorrupción a través de i) la implementación de órganos especializados en todos los distritos judiciales y fiscales, ii) asignación de recursos necesarios, iii) reducción del porcentaje de provisionalidad de jueces y fiscales 54. vinculados a la lucha contra la corrupción; iv) implementación de mecanismos para garantizar la integridad en el sistema de justicia penal anticorrupción; y v) impulso de condiciones institucionales necesarias (operativas, normativas y financieras) para la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción a nivel nacional. 3.1. Reforzar el sistema de justicia penal. 55. Implementar el Expediente Judicial Electrónico en el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 56. 57. 58. Implementar una unidad de gestión de información en la CAN Anticorrupción que centralice data estadística de procesos penales por delitos de corrupción. Fortalecer e incrementar el uso de herramientas procesales especiales para la investigación de casos de corrupción cómo "agente encubierto", "escuchas telefónicas", "colaboración eficaz", "levantamiento del secreto bancario" y otros, en el marco del debido proceso. Establecer espacios de articulación y protocolos de coordinación operativa en los procesos de investigación penal por delitos de corrupción.
Reformar la institucionalidad del Consejo Nacional de la Magistratura para fortalecer su autonomía y la selección de sus integrantes, 59. así como para asegurar que los procesos de selección y ratificación garanticen la idoneidad e integridad de los jueces y fiscales que coadyuven al fortalecimiento del sistema de administración de justicia. 60. Fortalecer a la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción a través de la adecuada asignación de recursos que aseguren su pleno funcionamiento e independencia a nivel nacional.
61. Fortalecer la participación de la Procuraduría en el Proceso de Colaboración Eficaz 3.2. Reforzar el sistema disciplinario Promover un trabajo articulado con miras a delimitar las jurisdicciones y responsabilidades institucionales, y establecer un único 62. inventario de infracciones y sanciones. 63. 3.3. Reforzar el Sistema Nacional de Control Fortalecer la capacidad operativa de sanción disciplinaria en las entidades mediante mecanismos que garanticen la eficiencia, celeridad e inmediatez en la respuesta administrativa para sancionar faltas a la ética pública y casos de corrupción.
Fortalecer de manera progresiva y sujeto a un plan de implementación, la autonomía y descentralización de los OCI, a través de: i) 64. Incorporar a los OCI de las entidades del nivel nacional, gobiernos regionales y locales a la Estructura administrativa de la CGR; y, ii) Ejecutar servicios de control a los gobiernos locales de manera descentralizada, mediante OCI itinerantes. 65. Intensificar las tecnologías de la información para optimizar el control gubernamental.