Norma Legal Oficial del día 26 de abril del año 2018 (26/04/2018)
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TEXTO DE LA PÁGINA 7
El Peruano / Jueves 26 de abril de 2018
NORMAS LEGALES
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PRESENTACIÓN Sin necesidad de acudir a estadísticas ni encuestas, todos los ciudadanos peruanos sabemos que la corrupción es uno de los principales problemas en el país si acaso no el principal. Lo vemos y lo vivimos todos los días de una u otra manera a través de los medios de comunicación que dan cuenta de la compra de voluntades políticas, de acuerdos para beneficiar ilegítimamente intereses particulares y de decisiones que no se fundamentan en el interés general sino en el interés de unos pocos. Pero también vivimos la corrupción cuando somos víctimas de un mal servidor público que exige algún pago o beneficio irregular para permitirnos acceder a servicios públicos básicos que por derecho nos corresponden como la salud y la educación. Todas estas prácticas cuestionables que denominamos gran corrupción, mediana corrupción y pequeña corrupción, si bien tienen manifestaciones y características distintas, así como abordajes distintos, todas ellas son expresión del mismo problema que tiene como raíz la falta de valores, la débil institucionalidad, falta de meritocracia y la injerencia política en la administración pública. Para entender el problema y plantear alternativas concretas de solución en nuestro país, desde el 2001, se han desarrollado espacios gubernamentales orientados a generar sinergias y definir acciones anticorrupción, los cuales, por diversos motivos, no lograron consolidarse en el tiempo. En la misma línea, en ese mismo período se adoptaron distintas medidas anticorrupción que -siendo necesarias como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley de Gestión de Intereses, Ley de Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, y Ley de Reforma del Servicio Civil, entre otras- no han tenido el impacto estructural y de largo plazo que esperábamos. Por el contrario, hemos corroborado en estos dos últimos años que la corrupción no sólo se ha mantenido presente, sino que cada vez más presenta evidencias de estar preocupantemente enraizada en los distintos segmentos y niveles de nuestra sociedad. En este contexto, con no poca frecuencia los peruanos nos sentimos indignados y buscamos alternativas y respuestas inmediatas que nos permitan revertir las consecuencias nefastas que la corrupción genera en términos de institucionalidad, gobernabilidad, crecimiento económico y desarrollo. El problema, sin embargo, es que las respuestas inmediatas y sin planificación apelan erróneamente a la focalización de estrategias de represión, descuidando la prevención. Por esa razón, la lucha contra la corrupción en nuestro país se ha concentrado principalmente en desarrollar medidas que enfatizan el enfoque punitivo buscando la sanción y la reparación del daño con posterioridad a la comisión de un acto de corrupción. Al respecto, si bien el enfoque punitivo es necesario, este constituye una perspectiva limitada, parcial e insuficiente que parte de la no comprensión de la corrupción como un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional que requiere principalmente de medidas estructurales orientadas no sólo a construir una sólida gestión pública basada en valores, transparencia, rendición de cuentas y meritocracia, sino también de reformas institucionales conducentes a revertir los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género en la sociedad. En línea con esta finalidad, resulta necesario e impostergable reconocer que la corrupción no es un fenómeno neutro y que, por el contrario, impacta de manera diferenciada a los miembros de una sociedad según, precisamente, los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género propiciando la profundización de esquemas de desigualdad y abuso de poder. De ahí que debe interiorizarse que para el combate de la corrupción no existe una sola fórmula o única respuesta, ni una entidad que pueda afrontar sola este flagelo. Por el contrario, se requiere de una estrategia que articule al mismo tiempo acciones de prevención, detección, investigación y sanción, diferenciando los distintos niveles de corrupción que existen y la manera
diferenciada de su impacto, así como de una estrategia de participación conjunta y articulada de las entidades y la sociedad en su conjunto. Precisamente, es ese enfoque complementario, integral y articulador el que se plantea en el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, el cual, toma como punto de partida la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción aprobada mediante Decreto Supremo 092-2017-PCM, y se erige sobre las recomendaciones del Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, del Informe de la OCDE sobre Integridad en el Perú y sobre el Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas. Este Plan también recoge la voz de ciudadanos, expertos, académicos y servidores públicos comprometidos con un Estado diferente y para cuyo desarrollo, se contó con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. En ese sentido, el Plan que se presenta no sólo constituye un documento que tiene consenso y validez, sino, sobre todo, un documento que marca un camino que todos debemos seguir y cuidar. Como Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Presidente del Poder Judicial, me permito instar a todos los peruanos a estar atentos y vigilantes respecto de lo que pasa en nuestro país y de la actuación de nuestros gobernantes y autoridades, y a ejercer nuestro derecho y deber de denuncia frente a irregularidades y al no cumplimiento de las medidas que recoge el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo Abril 2018 I. INTRODUCCIÓN La Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, de fecha 14 de septiembre de 2017, establece en su Segunda Disposición Complementaria Final que "La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en un plazo máximo de cincuenta (50) días hábiles, en el marco de sus funciones, elaborará una propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción que presentará al Poder Ejecutivo, que permita la articulación y coordinación entre entidades para la implementación de la política"1. En función a dicho mandato, la Comisión del Alto Nivel Anticorrupción, apoyada en la asesoría técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, dio inicio al proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, teniendo en perspectiva, principalmente, la necesidad de dar respuesta a los condicionantes y al contexto en el que la falta de integridad y la corrupción viene afectando al país en los últimos años. En virtud de ello, la CAN Anticorrupción estableció dos líneas de acción prioritarias para el desarrollo de la nueva estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción. La primera de estas se relaciona a la profundización de acciones en el ámbito subnacional en consideración a que en los últimos años se han incrementado los casos de corrupción en Gobiernos Regionales y Locales, los cuales, además, desarrollaron peligrosas acciones delictivas incluso vinculadas al crimen organizado. De esta forma, el Plan Nacional propone acciones dirigidas a propiciar el conocimiento y la comprensión de la realidad local, así como, promueve la articulación de los mecanismos de control y supervisión permanente que se desarrollan al interior del país. La segunda línea de acción prioritaria es la prevención. Sin duda, toda política anticorrupción y toda estrategia
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Se debe señalar que debido a que la Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 092-2017-PCM señala que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción debía presentar la propuesta al Poder Ejecutivo para su aprobación, se debía necesariamente contar con un Acuerdo del pleno de la CAN que apruebe dicho documento de trabajo. En tanto ello, por razones ajenas a la Presidencia de la CAN, no se pudo concretar en los meses de noviembre y diciembre una sesión en la que se someta a consideración del Pleno, lo cual ha retrasado considerablemente su aprobación final.