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PÆg. 314747 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 15 de marzo de 2006 A partir del año 1991, se inició el proceso de debilitamiento institucional del sector vivienda, cuyosprincipales hitos fueron: a. Una merma notoria de influencia política y de recursos económicos, al haber perdido su rango ministerial. b. El mal uso y posterior liquidación del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) que desde 1979 hasta 1992 fue elsustento de los programas de vivienda social, junto conla Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), tambiéndesactivada. c. La liquidación de las entidades que brindaban el financiamiento hipotecario para las familias de estratosmedios y bajos y el apoyo crediticio para el desarrollo deproyectos de vivienda (Banco Central Hipotecario,Banco de la Vivienda, Mutuales de Vivienda, Cooperativasde Créditos para vivienda). d. La dispersión, en diferentes instancias del aparato estatal, de las entidades encargadas de lainstrumentación de políticas como la Superintendenciade Bienes Nacionales, el Banco de Materiales (BANMAT),el Fondo Mivivienda, la Comisión de Formalización de laPropiedad Informal (COFOPRI), las empresas de Saneamiento, el Registro Predial Urbano (RPU). e. La pérdida de su capacidad para generar información técnica actualizada y efectuarinvestigaciones aplicadas, al haberse reducido el nivelde actividad y el ámbito de influencia del Instituto Nacionalde Desarrollo Urbano (INADUR) y la desactivación del Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda (ININVI). f. La reducción de su ámbito de gestión geográfica, al haberse transferido las Direcciones Regionales deVivienda y Construcción a los Consejos Transitorios deAdministración Regional. g. La desvinculación - cuando no el enfrentamiento - con los gobiernos locales, lo que ha significado unasuperposición de normas y competencias que afectarontanto al ciudadano como al inversionista. Todo ello impidió la implementación de políticas nacionales de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda y construcción de infraestructuraurbana, y condujo al mantenimiento de un marconormativo desfasado. Baste mencionar, como ejemplosde este desfase, la vigencia por más de treinta años deun obsoleto Reglamento Nacional de Construcciones, y el que los procesos de habilitación urbana y de edificación sean regidos por disposiciones que adolecían de gruesasfallas conceptuales y en las que primó la voluntad políticade interferir en los fueros municipales antes que en eldesarrollo ordenado de nuestras ciudades. Los gobiernos locales, por su lado, sea por falta de medios económicos o por carencia de capacidades técnicas, no podían dirigir adecuadamente el pronunciadoproceso de urbanización que ha sufrido el país, procesoque ha sido liderado por acciones espontáneasdesarrolladas principalmente por las familias de menoresrecursos. Este crecimiento desorganizado de nuestras ciudades, que afectaba directamente el desarrolloeficiente del aparato productivo nacional, motivó ademásla acentuación de las diferencias sociales, de las que lasgraves carencias de empleo, educación, salud,alimentación y vivienda son un fiel reflejo; esto generó un uso ineficiente del territorio, como lo revela el hecho que, en el 2001, el 52.2% de la población nacional se ubicabaen la costa, región que solamente representa el 11% delterritorio, en tanto que en la selva, que concentra el 58%de la superficie, apenas habitaba el 13% de los peruanos.Es igualmente significativo el que aproximadamente el 53% del Producto Bruto Interno se concentra en la zona central del país, principalmente en Lima, mientras queen el Oriente solamente se produce el 5% del PBI . En este contexto, las iniciativas para el desarrollo de programas habitacionales se limitaron, en los últimosaños, a esfuerzos privados concentrados en los sectores altos y medios de la población urbana, utilizando para ello recursos de la banca privada y del FondoMIVIVIENDA que, desde su creación hasta julio del 2001,apenas logró la colocación de 1200 créditos por un montode US$ 21 millones, a pesar de contar con recursos que bordeaban los US$ 500 millones. El mayor volumen de viviendas correspondió a la llamada autoconstrucción, en la que la asistencia técnicaes prácticamente nula y el apoyo financiero formal estáa cargo del Banco de Materiales, cuya gestión durante los años noventa estuvo marcada por la politización y la ausencia de criterios técnicos para el diseño deprogramas de crédito y para la calificación y la aprobaciónde préstamos. Como consecuencia de ello, la cartera decolocaciones del BANMAT - cercana a los US$ 900millones - presentaba a julio del 2001 una morosidad de 86%. Quizá el único esfuerzo coherente vinculado con la política habitacional fue la experiencia de formalizaciónde la propiedad predial urbana llevada a cabo porCOFOPRI, a partir de 1996, con apoyo del Banco Mundial.Esta formalización permitió entregar, a través del Proyecto de Derechos de Propiedad Urbana (PDPU), más de 1 millón 100 mil títulos de propiedad, e incorporó con ello a los beneficios de la formalidad a igual número de familiaspobres. Este éxito evidente del proyecto, reconocido anivel mundial como buena práctica de regularización delsuelo urbano, no pudo ser articulado con una estrategia integral de mejoramiento de las condiciones físicas y sociales de los asentamientos humanos formalizados . 1.2 Perfil Habitacional y Barrial (al 2001)Como consecuencia de la inexistencia de una estrategia articulada, a diciembre del año 2001, el déficit habitacional ascendía a 1’233,000 viviendas. De éste,correspondería a viviendas faltantes 326,000 (26%), y907,000 (74%) a viviendas existentes pero inadecuadaspor características físicas y de hacinamiento (déficitcualitativo). Los mayores niveles de déficit cuantitativo y cualitativo por características físicas se concentran en losdepartamentos de Lima 40,9%, Puno 6,6%, Cusco 5,4%,Callao 4,8%, Junín 4,8% y el resto (37,5%) en 19departamentos. La inexistencia de una política habitacional deliberada y consistente durante los noventa, originó que la inmensa mayoría de las viviendas de este período (120 mil al añosegún los datos censales) fueran producidas al margende la formalidad y carentes de condiciones mínimas dehabitabilidad, lo cual se refleja en los siguientesindicadores del parque habitacional encontrado: - El 45.0% del total de viviendas contaba con dos o menos habitaciones. - El 45.5% tenía pisos de tierra.- El 60.8% contaba con abastecimiento de agua mediante red pública dentro de la vivienda. - El 69.6% tenía alumbrado eléctrico. Adicionalmente, al 2001, 7,5 millones de personas (el 44% de la población urbana) vivían en alrededor de 7 milBarrios Urbano Marginales (BUM) de las principalesciudades del país, en condiciones de precariedad física y abandono social, con el riesgo de perpetuar su situación de pobreza o indigencia. 1.3 Una nueva visión (2001-2006)Desde julio del 2001, el gobierno nacional inició una nueva estrategia para el tratamiento de las demandas habitacionales y barriales y recuperó, para el sector, laimportancia estratégica que le correspondía, por su altoimpacto en la reactivación económica, en la generaciónde empleo y en el incremento de los niveles de bienestarde la población. La nueva visión se sustentaba en cuatro factores clave: - Un nuevo Modelo de Gestión Habitacional , más eficiente y sostenible. - Un nuevo Marco Institucional , coordinado y eficaz. - Un nuevo Marco Normativo que promueve la creatividad, el bajo costo y preserva la calidad de la construcción. - Un Plan Nacional de mediano plazo , coherente e integrado.