Norma Legal Oficial del día 15 de septiembre del año 2017 (15/09/2017)

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TEXTO DE LA PÁGINA 34

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3.3. POLÍTICAS, PLANES NACIONALES RELACIONADAS Y

NORMAS LEGALES
ESTRATEGIAS

Viernes 15 de setiembre de 2017 /

El Peruano

La Política Nacional se enmarca dentro del Acuerdo Nacional (Política de Estado 26 y 30)7 y se encuentra alineada a las siguientes Políticas, Estrategias y Planes Nacionales que abordan temas vinculados al LA/FT: 1. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-Perú hacia el 2021 (Eje Nº 3: Estado y Gobernabilidad). 2. Política Nacional Frente a los Delitos Patrimoniales (2014). 3. Política Nacional de lucha frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación (2015). 4. Política Nacional Penitenciaria (2016). 5. Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (2017)8. 6. Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016 7. Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 20122016 (en actualización). 8. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. 9. Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016. 10. Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal (2014). 11. Estrategia de Saneamiento de la pequeña minería y de la minería artesanal (2014) 12. Plan Nacional de la Política Penitenciaria 20162020. 13. Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-20219. Cabe señalar que en siete (7) de los instrumentos señalados se hace referencia expresa al LA: en 3 a nivel conceptual y en los 4 restantes a nivel de acciones (Ver ANEXO 2). IV. DIAGNÓSTICO La Recomendación 1 del GAFI establece que "los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos". Por su parte, la Recomendación 2 del GAFI establece que "los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, los cuales deben ser sometidos a revisión periódica y, deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas". En el caso del Perú la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT (noviembre, 2016), elaborada con la asistencia técnica del BID, identifica cinco (5) Amenazas10 y cuarenta y tres (43) Vulnerabilidades11; y, a partir de la evaluación de aquellas vulnerabilidades que facilitan la ocurrencia de dichas amenazas, se establecen cuarentaitrés (43) riesgos en materia de LA/FT, de los cuales treinta y dos (32) tienen un impacto directo en dichas materias12. Dentro de los 32 riesgos antes mencionados, se pueden citar, entre otros: (i) debilidad del sistema sancionador en materia de LA/FT llevado a cabo sobre los sujetos obligados financieros; (ii) dificultad en el acceso por parte de la UIF-Perú a la información afectada por la regulación del secreto bancario y la reserva tributaria; (iii) sistema de control de movimiento de efectivo transnacional insuficiente e inexistencia de limitación sobre traslados internos; (iv) falta de conocimiento sobre la aplicación práctica de la reciente reforma de la tipificación de los delitos de LA/FT; (v) dificultad del Ministerio Público en la investigación y persecución del LA/FT; (vi) existencia de carencias en el Poder Judicial que afectan el sistema de represión penal; (vii) baja efectividad de la PNP en la investigación y persecución del LA/FT; (viii) dificultad en el intercambio de información entre instituciones públicas; y, (ix) falta de concienciación social sobre las consecuencias del LA/ FT. Asimismo, a la fecha, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, se han

realizado evaluaciones sectoriales en los ámbitos minero y pesquero, que han permitido identificar los principales riesgos LA/FT en dichos sectores. Finalmente, con relación a la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI, el Informe Final del Proyecto "Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI", desarrollado con la asistencia técnica de SECO (22 de marzo de 2016), advierte como aspectos a mejorar o fortalecer en materia de LA/FT, entre otros, los siguientes: (i) las normas de prevención LA/FT; (ii) la asignación de recursos materiales, tecnológicos y humanos para desarrollar investigaciones criminales y patrimoniales; (iii) los procedimientos de intercambio de información; (iv) la generación y publicidad de estadísticas para demostrar efectividad del sistema; y, (v) la capacitación sobre todos los aspectos vinculados a la lucha contra LA/FT. A partir de lo expuesto, conociendo la complejidad de la problemática que representa el LA/FT en el país, surge la necesidad de fortalecer el sistema nacional de lucha contra el LA/FT, para lo cual se requiere de una política nacional que establezca prioridades para el logro de resultados específicos en estas materias, así como fortalecer las acciones de las entidades vinculadas a la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT. Para mayor detalle sobre los riesgos LA/FT en el país y los hallazgos que los sustentan, establecidos en la Evaluación Nacional de Riegos LA/FT y las Evaluaciones Sectoriales a las que se ha hecho referencia, ver el ANEXO 3. Y respecto al nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, ver el ANEXO 4. V. POLITICA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINACIAMIENTO DEL TERRORISMO La presente Política Nacional, sobre la base del diagnóstico detallado en el punto III; y, luego de un proceso participativo, orienta la actuación del Estado para contrarrestar el fenómeno criminal del LA/FT que afecta al país, fijando el propósito que se busca alcanzar, los ámbitos prioritarios en que debe focalizar su intervención, las entidades que requieren asumir un rol, así como el conjunto de lineamientos que guían su actuación para alcanzar el propósito y los estándares de obligatorio cumplimiento. 5.1. OBJETIVO GENERAL "Prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para contribuir a la estabilidad económica, política y social en el Perú"

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Política de Estado 26. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas; y, Política de Estado 30. Eliminación del terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional. Si bien fue aprobada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción mediante acuerdo adoptado en su sesión XXVII, realizada el 13 de febrero del 2017, se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Si bien fue aprobada por el Consejo Directivo de DEVIDA mediante Acuerdo Nº 1, adoptado en la sesión del 6 de abril del 2017 se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Conforme a la Guía del GAFI para la elaboración de la ENR (Febrero, 2013), se define como amenaza a la "persona, grupo de personas, objeto o actividad con potencial suficiente para causar daño al Estado, a la sociedad, la economía u otros elementos fundamentales de la vida de un país" Conforme a la Guía del GAFI para la elaboración de la ENR (Febrero, 2013), se define como vulnerabilidad a la "naturaleza y características intrínsecas de un producto, servicio, canal de distribución, colectivos de clientes, institución, sistema, estructura o país (incluyendo debilidad en los sistemas, controles o medidas) que facilita que las operaciones de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo se ejecuten con éxito". Los 11 riesgos restantes ya vienen siendo abordados por otras entidades públicas en el marco de otros instrumentos (políticas, planes y estrategias), por ejemplo, los que se detallan en el ANEXO 1.